Caso Popular: Guindos defiende su resolución por ser "la mejor alternativa"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido una vez más la resolución del Banco Popular. A su juicio era “la mejor alternativa” para garantizar los depósitos, ya que en caso de que se hubiera producido su caída hubiera tenido que intervenir el Fondo de Garantía de Depósitos.

Eso sí, ha asegurado que “ninguna de las alternativas que se planteó” era buena, pero que se tuvo que adoptar su resolución porque “nadie ofreció un precio que fuera positivo”. De ahí su venta por un euro al Santander, que después realizó una ampliación de capital de 7.000 millones para realizar saneamientos.

Unas palabras que ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por Vozpópuli, en el que ha asegurado que el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB), ha solicitado a la Junta Única de Resolución que se haga público el informe de Deloitte en el que se establecen las valoraciones para la entidad.

Ahora bien, para el ministro lo importante es que se pudo adoptar una solución positiva para el Popular “sin que llegara el concurso, sin inyectar un euro en dinero público y garantizando los depósitos”. Pero también “sin que hubiera contagio hacia el sistema financiero ni hacia la prima de riesgo española”, ha sentenciado.

Eso sí, el ministro se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que algunos consejeros del Banco Popular en la época de Ángel Ron y Emilio Saracho hayan demandado a la entidad por su resolución.

Luis de Guindos cree que la situación de Popular no tiene nada que ver con Liberbank, sobre el que pesa la prohibición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que operen posiciones cortas.

Seguir con la desinversión en Bankia

Por último, el titular de Economía se ha referido también a una posible venta de paquetes del FROB en el accionariado de Bankia. Reconoce que se “está estudiando seguir con la desinversión”.

Sería una cantidad similar a la que ya se vendió. Es decir, en torno al 7 u 8 por ciento del total que tiene el Estado en su accionariado, que asciende al 66% actualmente.