Urbas Grupo Financiero ha manifestado su "disconformidad" con el proceso judicial abierto contra la compañía y ha defendido la legalidad de la ampliación de capital realizada en 2015 por la que se la investiga.

La cotización de la compañía se encuentra suspendida "cautelarmente" por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde el pasado 13 de septiembre, tras haber recibido el supervisor un escrito de la Audiencia Nacional en el que se informaba de una investigación a la compañía y a su presidente por una querella de la Fiscalía Anticorrupción que apuntaba a un "presunto delito de estafa".

Concretamente, la investigación se realiza sobre una ampliación de capital social acordada por la junta general de la compañía en julio de 2015, cuyas acciones todavía no han salido a cotización. Se trata de 30.759 millones de títulos ordinarios, de 0,01 euros de valor nominal, por un importe total de 307,59 millones de euros, con una prima de emisión total de 76 millones de euros.

Así, el importe total de la emisión fue de 384 millones de euros, mediante aportación no dineraria del 100% del capital social de la compañía Aldira Inversiones Inmobiliarias. Más de dos años después, estas acciones aún están pendientes de admisión a cotización.

La compañía ha comunicado este jueves al supervisor que si el proceso judicial culmina con una sentencia desfavorable a la compañía se podría producir la anulación total o parcial de la ampliación de capital no dineraria, algo que no es previsible que ocurra a corto plazo.

Esquivar la quiebra

En todo caso, ha anunciado que el consejo de administración prevé realizar operaciones corporativas que "ayuden a paliar el efecto negativo de dicha hipotética anulación" y "por supuesto, que impidan la entrada de la compañía en causa de disolución por la disminución del patrimonio neto por debajo de los límites previstos".

Según explica en su comunicado, la ampliación de capital "se llevó a cabo cumpliendo para ello todos y cada uno de los requisitos exigidos en la legislación aplicable".

La compañía hace referencia en su comunicado a una diferencia de valoración de activos entre el valor contable en Aldira y el valor de la aportación a Urbas mencionada por el fiscal en el marco del proceso. A este respecto, la compañía ha explicado que esta diferencia "queda completamente avalada" por las tasaciones de los activos ratificadas después de un informe realizado por un experto independiente.

La empresa ha defendido que, si no se hubiera realizado la ampliación de capital, habría entrado en causa de disolución, "lo que sí habría supuesto un grave perjuicio para los accionistas". Según ha explicado, ningún accionista ha reclamado "el presunto perjuicio causado" y tampoco se ha producido ninguna impugnación al acuerdo de acometer la ampliación en el plazo destinado a ello.

"Todas las tasaciones y valoraciones utilizadas en la operación fueron realizadas por expertos debidamente habilitados", ha señalado la empresa, que insiste en que las valoraciones utilizadas por el consejo de administración fueron realizadas por "terceros independientes" y "cumplieron todos los requisitos legales exigidos".