En tres autos el magistrado ha admitido a trámite tres querellas contra el Banco Popular, los dos expresidentes y miembros de su Consejo de Administración, cuyas citaciones para declarar como investigados aún están por fijar.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 afirma que son diversos los hechos que se denuncian y, por tanto, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado abrir dos piezas separadas: La primera de ellas está relacionada con la ampliación de capital realizada en 2016 por el importe de 2.505 millones de euros; y la segunda, con la manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos e informaciones "falsas" antes de que la entidad fuera vendida por un euro al Banco Santander.

La primera de ellas está relacionada con una primera etapa en la que el Consejo de Administración del Banco Popular estuvo presidido por Ángel Ron hasta el 20 de febrero de 2017. El juez Andreu explica que se denuncia que se trató de captar a los potenciales inversores proporcionando folletos con información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica del Banco Popular.

El magistrado afirma que una de las querella hace referencia a la posible tipicidad derivada de las condiciones salariales e indemnización vitalicia fijada para Ángel Ron al cesar en el cargo de presidente del Consejo de Administración. Señala que estos hechos son constitutivos de un delito relativo a los mercados y los consumidores y que es competencia de la Audiencia Nacional su investigación por la grave repercusión del tráfico mercantil, debido a la cantidad de la operación -- 2.505 millones de euros--, así como por los miles de accionistas repartidos por toda España.

CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

En cuanto a la segunda pieza separada, correspondiente a la época en la que Emilio Saracho presidió la entidad, se centra en si se realizó una campaña de desprestigio del Banco Popular para hacer caer el valor de la cotización de las acciones de la entidad y poder obtener importantes beneficios, lo cuál supondría un delito de manipulación del mercado.

También se analizará si se han incurrido en otros delitos por el uso de información privilegiada y relevante para la cotización de las acciones con la que los querellados se hubieran podido lucrar.

Por último, el juez Andreu ha requerido documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al propio Banco Popular, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y ordena al Banco de España que designe a dos funcionarios para que determine si la información contable explicada en la documentación y en el folleto sobre la ampliación de capital reflejaba una imagen fiel de la entidad financiera.