Silencio de los 'hombres de negro' sobre el impacto en la economía española de la crisis catalana. Los inspectores de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE) que visitaron Madrid la semana pasada han reclamado este lunes al Gobierno de Mariano Rajoy acelerar la privatización de la entidad resultante de la fusión de Bankia-BMN y mejorar la gestión de la Sareb, el banco malo que acumula el ladrillo tóxico de las cajas rescatadas. Ni una palabra sobre el traslado de sede de los dos grandes bancos catalanes, Caixabank y Sabadell, ni sobre la fuga de más de un millar de empresas de Cataluña por el desafío secesionista.

"Los preparativos de la fusión entre Bankia y Banco Mare Nostrum están bien avanzados. Reanudar la venta de la participación del FROB en la entidad fusionada (..) reforzará el sector bancario español", resalta la declaración conjunta de la Comisión y el BCE tras el fin de la misión. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció en verano su intención de vender en bolsa hasta un 9% de Bankia este mismo año. Pero las turbulencias bursátiles provocadas por la crisis catalana le han obligado a congelar estos planes indefinidamente.

Los inspectores reclaman además al Gobierno de Mariano Rajoy que aplique en su totalidad la reforma del sector de las cajas de ahorro. Y en particular que obligue a todas las fundaciones bancarias a desinvertir las participaciones que todavía tienen en algunas cajas de ahorro.

El otro foco de preocupación para los 'hombres de negro' -expresión acuñada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro- es la evolución del banco malo. Aunque continúa haciendo progresos en la venta de activos inmobiliarios, "sus resultados financieros todavía no han mejorado, lo que requiere medidas específicas adicionales en la gestión de la Sareb", señala el comunicado.

Mantener la vigilancia

Bruselas y el BCE sostienen que el sector bancario español salió reforzado de la liquidación del Banco Popular en junio, ya que se hizo sin pérdidas para los contribuyentes y los depositantes. No obstante, avisan de que sostener una rentabilidad suficiente a medio plazo continua siendo "un desafío clave para muchas instituciones". "Esto se debe sobre todo a los bajos tipos de interés, al decreciente margen para mejorar la eficacia operativa y a una actividad crediticia todavía débil".

Por todo ello, los inspectores piden que se mantenga una "vigilancia cuidadosa" sobre la evolución del sector bancario. "Algunas entidades de crédito españolas tendrán que continuar adaptando su modelo de negocio", subrayan.

Más ajustes y reformas

Los 'hombres de negro' alertan de que, pese al actual "crecimiento sólido y equilibrado", la economía española todavía se enfrenta a problemas graves como la elevada deuda pública y privada y la alta tasa de paro, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores poco cualificados. Y reclaman al Gobierno de Rajoy que reanude cuanto antes la agenda reformista.

"Afrontar estos retos es urgente, ya que algunos de los vientos de cola que han apuntalado los esfuerzos reformistas en España y la fuerte recuperación, como los bajos precios del petróleo, están desapareciendo", señala el comunicado.

En particular, la Comisión y el BCE piden medidas adicionales para reducir el paro, hacer que el mercado laboral sea más inclusivo y mejorar el entorno para las empresas. "Es más, las autoridades deben aprovechar la oportunidad que les da la firme recuperación económica para proseguir la consolidación fiscal con el fin de garantizar una reducción decisiva del déficit público y del ratio de deuda y reconstruir los amortiguadores presupuestarios que permitirán a España superar cualquier impacto adverso", concluye la declaración.

La octava misión de vigilancia de los 'hombres de negro' a Madrid tras el fin del rescate bancario se desarrolló entre el 16 y el 18 de octubre. El objetivo de los inspectores es garantizar que España podrá devolver los 41.000 millones del programa de asistencia financiera que la UE le concedió en 2012. El Gobierno ya ha realizado cinco pagos anticipados, con lo que la cuenta pendiente de España con Bruselas se ha reducido a 33.700 millones de euros.