Fiscalía sube a 4 años de cárcel petición para tres exconsejeros de Abengoa

El fiscal José Perals ha destacado así a la expresidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones Mercedes Gracia y los exconsejeros Alicia Velarde y Antonio Fornieles, por "arbitrar el mecanismo para que Benjumea saliera beneficiado" de lo que parecía una marcha "lógica conforme a las reglas del mercado" y que ha calificado de "renuncia voluntaria" ante los problemas de viabilidad de Abengoa.

De este modo, ha modificado su escrito de conclusiones provisionales al detectar un error en la tipificación del delito de administración desleal por tratarse de cuantías superiores a los 250.000 euros, razón por la que ha aumentado en seis meses la pena inicialmente solicitada para ellos.

Respecto a Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, mantiene la petición de cinco años y cuatro años y tres meses de cárcel, respectivamente, aunque eleva las multas a 180.000 y 144.000 euros, por las indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones de euros que percibieron en 2015 tras dejar la gestión pocos meses antes de que se solicitara el preconcurso.

Unas cuantías que, según el Ministerio Público, fueron acordadas por los integrantes de la Comisión -en concepto de indemnización por cese anticipado para Benjumea, y de no competencia para Sánchez Ortega- a sabiendas de que la compañía "ya atravesaba una grave crisis, y se estaba a punto de negociar o se había negociado con los bancos de la ampliación de capital".

En este sentido, ha destacado la responsabilidad de los tres -a quienes aumenta la multa a 72.000 euros- y ha desmarcado de los hechos tanto al Consejo de Administración como al exministro de Obras Públicas Josep Borrell, excluido de la causa tras haber delegado su voto, al considerar que no tenían el dominio sobre unas acciones que "suponen un perjuicio para la sociedad y un beneficio económico para los dos principales acusados".

La Fiscalía ha insistido en que todos dejaron "bien atado para que lo que tenía que ser la negociación de la ampliación de capital se convirtiera en una salida voluntaria oculta tras la apariencia de un cese" presuntamente impuesto por el Santander a fin de asegurar la operación y a la que no se hace mención en las actas del Consejo de Administración.

Sobre Benjumea y Sánchez Ortega ha dicho que, dada su calidad de máximos directivos, eran conscientes de la falta de liquidez que atravesaba Abengoa, una circunstancia por la que "idearon una serie de condiciones beneficiosas para el más que hipotético caso de tener que salir" antes de que la situación "fuera más complicada".

Irregularidades que ha situado en la firma del nuevo contrato mercantil de febrero de 2015, ya que los consejeros, muchos de ellos "procedentes de Inversión Corporativa, sociedad de Benjumea", debían haber sido informados de su contenido, y las cláusulas por las que se concedieron las indemnizaciones "no eran una necesidad".

Al respecto, ha negado que estas condiciones, "de redacción poco clara", tuvieran por objeto proteger a la compañía máxime cuando permitieron que Sánchez Ortega percibiera 4,5 millones de euros por no concurrencia cuando después firmó un contrato de asesoramiento del nuevo consejero delegado con petición expresa de exclusividad. EFECOM

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