Los empresarios han decidido redoblar la ofensiva contra la independencia en Cataluña. El primer paso fue el éxodo que se ha llevado ya más de 2.150 sociedades de la región desde el 1-O; el segundo llegará en los próximos días cuando empiecen a llegar las demandas contra la Generalitat por las pérdidas que han sufrido en sus balances.

Se trata de empresarios mayoritariamente catalanes, pero también de algunos de otras regiones españolas, que han visto cómo sus negocios se veían perjudicados por la deriva independentista del Gobierno cesado de Carles Puigdemont. “Hicieron una gestión negligente que ha provocado un enorme daño a miles de empresas”, explica a EL ESPAÑOL Javier López, socio director de Área Jurídica Global.

Por eso este bufete ha decidido poner en marcha una acción colectiva para reclamar a la Generalitat como “responsable civil” de las pérdidas ocasionadas. Consideran que existe base suficiente para hacerlo porque ha habido “una administración negligente” del equipo de gobierno cesado.

La causa

Para López esa acusación se puede comprobar en dos hechos fundamentales: el hecho de que parte del Gobierno de Puigdemont esté en la cárcel; y el de que SegurCaixa Adeslas cancelara el pasado 11 de octubre su póliza con el Parlament de Cataluña.

En aquel entonces la aseguradora justificaba su decisión en la “gravísima agravación del riesgo producido por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña”. Y hacía mención expresa a la suspensión de la Ley de Transitoriedad por parte del Tribunal Supremo.

Por ahora hay más de un centenar de empresas interesadas en presentar una demanda, que reclamará -en primer lugar- el daño emergente. Es decir, aquel dolo provocado por la inestabilidad generada en Cataluña. Desde gastos de notaría a indemnizaciones por despidos; encarecimiento de alquileres por el traslado de sede o contratos que se hayan cancelado fruto de la situación.

Como muestra, explica el letrado, una empresa (que por ahora prefiere no aparecer públicamente) que ha visto cómo un cliente francés cancelaba un contrato de 11 millones de euros de facturación al año. “Consideraba que no había seguridad jurídica, y temía que de llevarse a cabo la independencia tuviera que pagar aranceles por la exportación del producto. ¿Qué hace ahora ese empresario? ¿A quién reclama?”, sentencia.

Lucro cesante

Este tipo de reclamación es la más sencilla de probar, ya que hay un daño cuantificable. Pero, según explica López, la intención del despacho es la de ampliar -en algunos casos- la demanda al lucro cesante; es decir, la caída de ingresos recurrentes motivada por la cancelación de contratos o la paralización de las ventas. Algo que para López “resulta más complicado de probar, pero que en algunos casos puede hacerse”.

Entre los clientes que están interesados en pleitear se encuentran empresarios de todo tipo: grandes y pequeñas empresas; socimis, restaurantes… “Hay compañías de todos los sectores; están cansados de lo que está ocurriendo, y están ilusionados porque -por fin- se empiezan a organizar para defender sus derechos”, explica.

No sólo hay empresas catalanas entre las interesadas, también las hay de otras Comunidades Autónomas. “No nos olvidemos que las compañías en Cataluña trabajan con todo el país”, dice, para relatar el caso de una empresa extremeña que era proveedora de otra catalana y que, ante la falta de pedidos, está al borde de la quiebra.

El Gobierno central, también

La demanda está todavía en fase inicial, pero contempla también la posibilidad de exigir a la Justicia que considere al Gobierno de España como Responsable Civil Subsidiario. Cree López que la gestión negligente “se ha producido por parte de la Generalitat, pero también de Rajoy”; y recuerda las estimaciones hechas por Luis de Guindos sobre la caída de PIB que se producirá en el país por todo lo que hemos vivido en las últimas semanas.

“Existe un coste económico; hay un daño que es real, y alguien debe compensar a los empresarios por lo que han hecho los políticos”, sentencia López.

Resulta complicado cuantificar el coste que puede llegar a reclamarse. Estamos ante la primera oleada de demandas; pero podrían venir muchas más en las próximas semanas. De hecho, este despacho de abogados ya prepara algunas demandas a título individual de algunos empresarios (nacionales y extranjeros) que se han visto perjudicados patrimonialmente por el procés.

La pregunta del millón está en saber si la Justicia estimará ya el daño y los responsables; o si optará por esperar a que pueda haber una condena firme contra el equipo de Puigdemont, algo que puede tardar años en llegar. Sin embargo, López asegura que los clientes “no tienen prisa”.