"Quien contamina, paga". España ha vulnerado este principio fundamental de la legislación medioambiental de la UE con su sistema de subvenciones a las centrales eléctricas de carbón. Al menos eso es lo que sostiene la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que este lunes ha lanzado una investigación en profundidad contra este régimen español de ayudas por considerar que confiere una ventaja ilegal al carbón. Desde 2007, 14 plantas se han acogido a estos subsidios y han recibido más de 440 millones de euros. Los pagos continuarán hasta 2020.
Con este expediente, Bruselas toma partido indirectamente en el conflicto que enfrenta a Iberdrola con el Gobierno de Mariano Rajoy. La eléctrica ha anunciado que cierra todas sus centrales térmicas -incluidas las dos que tiene en España, la de Lada (Asturias) y la de Velilla (Palencia)- para impulsar la lucha contra el cambio climático. Pero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se opone a esta medida por considerar que pone en riesgo la seguridad de suministro y ha elaborado un decreto para frenar el cierre.
La Comisión está examinando si el decreto es compatible con las normas de la UE, pero el cuestionamiento de las subvenciones al carbón anticipa que también podría tumbar el decreto de Nadal. No obstante, el portavoz de Competencia, Ricardo Cardoso, ha asegurado que se trata de dos procedimientos separados.
"Consideramos que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que de todas formas estaban obligadas a ello en virtud del derecho de la UE en materia de medio ambiente. Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal", ha dicho Vestager en un comunicado.
Las subvenciones no se notificaron a Bruselas
Las ayudas en cuestión se introdujeron en 2007 y su objetivo era apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes. Estos filtros debían reducir las emisiones por debajo de determinados límites. A cambio, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante un período de diez años (es decir, 8 750 euros por megavatio al año). España no notificó las subvenciones a Bruselas.
Según las normas de la UE, los Estados miembros no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente. Ello atentaría contra el principio de «quien contamina, paga» y conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal respecto de otras formas de producción de electricidad.
Bruselas realizará ahora una investigación en profundidad para determinar si sus dudas iniciales están justificadas. La apertura de una investigación pormenorizada brinda a España y a los terceros interesados la oportunidad de presentar sus observaciones y no prejuzga su resultado final. Pero si la Comisión confirma sus sospechas, las eléctricas que se han beneficiado de las subvenciones tendrán que devolverlas.