Una startup sin suficiente plantilla para llevar a cabo las tareas que se le han encomendado, que acumula mucho trabajo atrasado y que no cumple las reglas. Este es el demoledor retrato de la Junta Única de Resolución (JUR) que ha trazado el Tribunal de Cuentas Europeo en un informe publicado este martes. La JUR, presidida por la alemana Elke König, es el órgano de la UE que liquidó el pasado junio al Banco Popular y que se enfrenta ahora a una avalancha de recursos de los accionistas y acreedores perjudicados.

"No hemos analizado el caso del Popular", ha explicado de entrada el responsable del Tribunal de Cuentas encargado del estudio, Kevin Cardiff. De hecho, el estudio no disecciona ningún caso concreto, sino que se limita a examinar de manera general si la JUR está bien equipada para llevar a cabo liquidaciones de bancos de forma eficaz. Y el diagnóstico es bastante negativo: los auditores identifican un gran número de carencias, fallos y deficiencias en cada una de las áreas de trabajo de esta agencia comunitaria.

"Aunque sus debilidades deben analizarse teniendo en cuenta que se trata de una startup, está claro que todavía le queda mucho camino por recorrer", ha dicho Cardiff. Una de las principales críticas del informe es que a la JUR le falta mucho personal cualificado y que además no se ha marcado las prioridades exigibles en materia de reclutamiento. Bruselas calculó inicialmente que necesitaría una plantilla de 309 personas, una cifra a la que se debía llegar ya a finales de 2015. Posteriormente, la propia JUR revisó al alza sus necesidades de personal hasta 410 plazas.

Sin embargo, los números reales se han quedado atrás desde el principio. Cuando la JUR empezó a funcionar a principios 2015 tenía una plantilla de apenas 35 personas, que aumentó a 101 a finales de ese año y 171 a finales de 2016. La situación es especialmente grave en el reclutamiento de especialistas en liquidación de bancos, aunque también hay carencias en las áreas de informática y secretariado.

Sólo dos expertos por cada banco

El resultado es que de media la JUR sólo tiene un experto en resolución por cada banco que supervisa, al que hay que sumar otro colega enviado desde las autoridades nacionales de resolución, como el FROB en España. Es decir, un total de dos expertos por banco. "Teniendo en cuenta la talla y la complejidad de muchos bancos y el grado de planificación en profundidad exigido, esta figura parece baja", avisan los auditores. La JUR replica que en 2018 alcanzará ya la fase de consolidación en materia de plantilla con 350 personas. Pero admite también que no llegará a la velocidad de crucero hasta el año 2020.

La falta de plantilla se traduce en un elevado nivel de horas extra (15.000 o el 6% del tiempo de trabajo en los 10 primeros meses de 2016) y un considerable retraso en la elaboración de los planes de resolución para los bancos, cuyo objetivo es estar preparados en caso de que sea necesario actuar. Los legisladores habían encargado a la JUR adoptar planes para 130 grandes bancos como muy tarde en enero de 2017, sin que la normativa contemplase ningún paso intermedio.

Sin embargo, ahora mismo todavía no se ha aprobado ningún plan completo. Sólo hay versiones intermedias para aproximadamente la mitad de las entidades. Y estas versiones no cumplen los requisitos exigidos por las normas de la UE en materia de resolución, según los auditores. La JUR contesta que espera tener todos los planes finalizados en 2020, y los más importantes ya en 2019.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas denuncia que la JUR no recibe toda la información que necesita del Banco Central Europeo, que es el responsable de decretar si un banco está quebrado o a punto de quebrar. Y la distribución de tareas entre la JUR y las autoridades nacionales como el FROB, no está todavía clara y es necesario mejorar la colaboración.