La política anda estos días adormilada con la campaña electoral en Cataluña, pero el Congreso avanza en la Comisión Territorial. Un foro parlamentario que busca debatir sobre cómo debe configurarse el futuro de las Autonomías y los Municipios de España, y que será la antesala para el aterrizaje de la cuestión catalana para cortar las alas a los independentistas.

En román paladino, de lo que se trata es de avanzar -todavía más- en la descentralización del Estado, y dar un paso en el aumento de competencias para Autonomías (que ya han recibido más de 2.000 en detrimento del Estado) y Ayuntamientos. Así que una de las cuestiones clave que tendrán dirimirse en esa Comisión es la de la financiación autonómica y local.

Se trata de la verdadera ‘patata caliente’ que habrá que resolver en los próximos meses. Las autonomías empiezan ya a afilar los cuchillos y muchas de ellas pondrán encima de la mesa la necesidad de avanzar en una armonización fiscal. Es decir, acabar con la competencia fiscal entre regiones. ¿El objetivo? La Comunidad de Madrid y sus bajos impuestos.  

Distintos regímenes tributarios

Básicamente hablamos de Patrimonio, así como Sucesiones y Donaciones. Dos tributos que en Madrid están exentos de pago, pero que sí se mantiene en otras Autonomías. Pero también en la posibilidad que tendrán de crear nuevas figuras impositivas, así como la reclamación -especialmente de Baleares y, probablemente, Cataluña- de la autorización para crear Agencias Tributarias regionales con capacidad de inspección.

Así que ante este panorama los empresarios ya han dado la voz de alarma. Se puede comprobar en el último Consenso Fiscal elaborado por PwC en el segundo semestre del año. En él se comprueba cómo el 58% de las empresas consideran “perjudicial” la coexistencia de varios sistemas tributarios. Es decir, la división entre Estado, Comunidades Autónomas y municipios.

Esta cifra del 58% supone, además, un aumento de nueve puntos respecto al primer semestre cuando -todavía- no estaba encima de la mesa el inicio de este proceso. Se puede comprobar, además, cómo el 61% de los consultados en el panel consideran que el nivel de “conflictividad” va a crecer en mayor o menor medida a lo largo del año que viene.

Subida de impuestos

Una situación que se complica por la complejidad que buena parte de los encuestados dice tener el sistema tributario español. No sólo eso, es que -además- existe el temor a que pueda haber un aumento de la presión fiscal.

Según datos del think tank Civismo, una pequeña empresa paga una factura fiscal del 49,67% sobre su resultado bruto de explotación; el 51% en el caso de la mediana y del 61,7% en el caso de las grandes. Es decir, que la carga fiscal es 9 puntos mayor a la del resto de países europeos.

No es de extrañar, por tanto, el miedo que tienen los empresarios. Tanto es así que, 6 de cada 10 empresarios encuestados por PwC están convencidos de que la carga fiscal es muy alta en nuestro país; y de que el año que viene subirá todavía más.

La patronal también habla

Cómo estará la cosa que hasta la propia CEOE ha reclamado en distintas ocasiones evitar una sistema de financiación autonómica sin “privilegios” para algunas autonomías. Y es que la patronal cree que es esencial para el sector empresarial que esta cuestión quede solventada, dado que afecta a la “actividad empresarial”.

No sólo por la elevada factura que deben pagar, es que además muchas de las empresas se ven ‘pilladas’ por esa falta de financiación. Algo que se puede comprobar, por ejemplo, en el pago a los proveedores.

Según datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el sector público tiene una media de pago de 71 días. Una cifra muy por encima de los 30 días que fija la Ley para las Administraciones.