El referéndum ilegal del 1 de octubre marcó un punto de inflexión en la economía catalana, generando unos efectos negativos que hemos empezado a conocer solo desde hace algunas semanas. Diferentes indicadores demuestran que la histórica pujanza de las finanzas de Cataluña se han resentido durante todo el procés y que la imposibilidad política para resolver la situación podría ahondar en una incipiente crisis económica.

El efecto más inmediato ha sido la fuga de empresas, que a finales de 2017 superó las 3.000 netas, pero no es el único. El desafío independentista ha llevado a la economía catalana a un peligroso cóctel en el que se ha resentido el turismo, la creación de empleo, el sector inmobiliario y la inversión productiva. Una situación que algunos analistas creen que será solo el comienzo de un ralentización de la economía catalana.

Más de 3.000 empresas 

Los últimos datos Colegio de Registradores Mercantiles de España conocidos esta semana indican que un total de 3.208 empresas trasladó su sede social desde Cataluña a otras regiones de España entre el 2 de octubre y el 29 de diciembre, registrándose en el último día laboral del año 20 traslados, cuatro más que el día anterior.

Esto deja la salida neta de empresas en 3.032 después de conocerse que solo 176 empresas de fuera de Cataluña ha trasladado su sede a esta comunidad desde la celebración del referéndum independentista el pasado 1-O.

La fuga de empresas frenó considerablemente su ritmo en el conjunto de diciembre, con un total de 338 traslados, frente a los 894 de noviembre y los 1.976 traslados del mes de octubre, pero se teme que esta cifra vuelva a crecer tras la formación de un nuevo gobierno independentista.

Impacto sobre el turismo

Cataluña es históricamente una de las comunidades con mayor impacto sobre el turismo en toda España, pero el procés ha afectado a esta industria. La última cifra que se ha conocido apunta al gasto de turistas extranjeros, que cae en Cataluña mientras crece en España.

El gasto de los turistas extranjeros que visitaron España en noviembre pasado ascendió a 4.638 millones de euros, un 10,3% más que en el mismo mes de 2016, mientras que en Cataluña la cifra se redujo un 4,2%, según la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Cataluña, también descendió el gasto medio por turista, un 2%, y la duración media de los viajes, pero aumentó el gasto medio diario, un 9%. Esto confirma el sentir del comercio local catalán que estas últimas semanas ha advertido un menor flujo de turistas.

Se desploma la inversión productiva

La inversión productiva extranjera en España disminuyó un 42,9% (3.510 millones) en el tercer trimestre, hasta los 4.673 millones, fundamentalmente por el descenso de las inversiones destinadas a Cataluña.

En el caso catalán, la inversión productiva extranjera pasó de 1.552 millones hasta los 519 millones, una caída del 74,9%, según datos del Registro de Inversiones Exteriores (RIE) del Ministerio de Economía. Este desplome se produjo antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre.

La cifra contrasta con el aumento del 123% del País Vasco, hasta los 374 millones, y con Madrid, que presentó un incremento del 20,1%, hasta los 2.870 millones. Madrid captó el 61,4% de la inversión productiva extranjera a nivel nacional, seguida por Cataluña (11,1%) y la Comunidad Valenciana (9,9%).

Baja el sector inmobiliario

Este miércoles también hemos conocido que la inversión inmobiliaria en Cataluña llegó a los 2.093 millones de euros en 2017, un 17% por debajo de la cifra registrada en 2016, según los datos facilitados por la consultora CBRE.

En el último trimestre del año se invirtieron 470 millones de euros en el sector inmobiliario catalán, por debajo de los 672 millones invertidos en el mismo periodo de 2016, cifra que incluyó los activos dentro de la operación Merlin-Metrovacesa.

“Como en otros sectores, la inestabilidad política también está afectando a la confianza del inversor inmobiliario. Por eso, la cautela es la actitud imperante, como muestra que algunos inversores han pospuesto la toma de decisiones sobre activos situados en Cataluña hasta el año próximo”, indicó CBRE.

Cae la creación de empleo

Todos estos indicadores han afectado negativamente a la creación de empleo. Según los últimos datos de afiliados a la Seguridad Social, Cataluña creó el año pasado 8.500 empleos menos que en 2016. Ha pasado de aumentar la ocupación en más de 119.000 personas durante 2016, a crear 110.000 empleos netos en 2017.

Este dato contrasta con el porcentaje de toda España que representó un aumento del 13%. En 2016 Cataluña fue la tercera economía regional en porcentaje de creación neta de puestos de trabajo, solo por detrás de Canarias y de Baleares, pero en 2017 ha quedado relegada a la octava posición, tras Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón.

Impacto económico de mil millones

Catalunya alcanzó en 2016 un Producto Interior Bruto (PIB) de 223.629 millones de euros, según la Memoria Econòmica 2016 de la Conselleria de Economía de la Generalitat. Esta cifra representa poco más del 36% del PIB español.

El lunes el ministro de Economía, Luis de Guindos, adelantó una desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán -del entorno del 0,9% al 0,4%- en el cuarto trimestre. Según el ministro, esto elevaría hasta los mil millones de euros el coste económico que ha tenido el planteamiento independentista en la economía catalana en el cuarto trimestre del pasado año.

Cataluña, la única incertidumbre

No es casualidad que, tras conocer los datos de empleo este miércoles, el propio Mariano Rajoy haya confiado en que en 2018 se actúe "con sensatez y sentido común" en Cataluña para disipar la única incertidumbre que cree que tiene la economía española. En su balance de fin de año Rajoy también ligó el crecimiento del PIB a la pronta resolución del problema catalán.

Del mismo modo, la CEOE, la patronal de los empresarios, llamó a la responsabilidad en la crisis catalana y pidió encarecidamente “un marco de estabilidad social y político, libre de incertidumbres que lleven a posponer las decisiones de inversión y a acometer movimientos de empresas”.