El Panel de Recursos es el órgano jurídico e independiente de la Junta Única de Resolución (JUR), que se encarga de defender y evaluar las peticiones de todos los afectados que han reclamado la decisión de resolver el banco Popular.

A finales del pasado mes de noviembre, dicho organismo jurídico pidió a la institución presidida por Elke König hacer pública una versión no confidencial del informe de Deloitte que sirvió de base para dictaminar la resolución de la entidad en la noche del 6 al 7 de junio de 2017. Un informe en el que los expertos calculaban un agujero en el banco de entre 2.000 millones y 8.000 millones de euros en el peor de los escenarios, manejando también un escenario más optimista de +1.500 millones de euros.

Sin embargo, y argumentando una enorme carga de trabajo por lo novedoso del mecanismo y la avalancha de demandas, la JUR logró retrasar la publicación de este informe, así como el del propio plan de resolución del Popular.

Aunque en las últimas semanas se ha sabido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado hasta finales de febrero a la JUR para preparar su defensa ante la avalancha de demandas, fuentes jurídicas consultadas explican que, oficialmente,  mañana 9 de enero vencería el plazo para que el Panel de Recursos reciba toda esa documentación y pueda atender a las peticiones de los afectados. Eso sí. La JUR podría volver a retrasarlo por esa `carga de trabajo¿ extra que ha supuesto el estreno del Mecanismo Único de Resolución en la Unión Europea.

El documento de Deloitte es uno de los más esperados por los afectados del Popular desde la resolución del banco llevada a cabo en la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017. Aunque sea `capado¿. Primero, porque muchos demandantes esperan apoyarse en una valoración calificada por los propios inspectores del Banco de España como `grosería técnica¿ para avanzar en la vía judicial. Y segundo, porque después de este documento se debería conocer, antes del cierre de este primer trimestre, el polémico tercer documento en el que se definirá si los afectados hubieran recibido un mejor `trato¿ si se hubiese decidido un concurso de acreedores en Popular en vez de la resolución, que acabó por valorar a cero 3.400 millones de euros en inversiones de bonistas y accionistas de la entidad.