La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) sigue trabajando para reclamar a Iberpistas (Abertis) por la mala gestión que realizó durante la nevada del día de Reyes. La asociación le ha requerido por Burofax la copia de los registros de peaje y matrículas, además de las grabaciones de entrada y salida en el tramo Adanero-Villalba, de los días 6 y 7 de enero. La concesionaria tiene un plazo de cinco días para atender la petición. 

Asufin, que está preparando las diligencias preliminares a las que seguirá la demanda colectiva para defender a los perjudicados por las retenciones en la autopista AP-6, considera que la concesionaria habría incumplido sus obligaciones establecidas en el art. 27 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.

Por su parte, el Fiscal Jefe de Madrid, José Javier Polo, al amparo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ha ordenado la incoación de diligencias preprocesales y una investigación para depurar responsabilidades civiles, por si pudiera ser constitutivo de un delito contra los derechos de los consumidores.

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, se muestra prudentemente satisfecha: “Nos parece muy pertinente esta investigación, pero mostramos cautela porque no nos gustaría que la responsabilidad se diluyera”.

Para Suárez la demanda colectiva es el procedimiento adecuado para este tipo de casos. “Tenemos afectados que llegaron a pasar 23 horas atrapados en la AP6, en una autopista de pago que tiene unas responsabilidades. La reclamación es un derecho y la demanda colectiva es la fórmula más sensata para reclamaciones económicas pequeñas y con más posibilidades de éxito", considera. "A nuestro favor tenemos la sentencia del Supremo que consideró que los gestores eran responsables por no adoptar las medidas necesarias ante las previsiones meteorológicas”.

Según la asociación, la demanda que presentará "se lo pone fácil a los afectados, ya que no tendrán que pagar ni abogado ni procurador". "Entendemos que al reclamarse cantidades no muy grandes, ir por la vía judicial es un modo de disuadir a los ciudadanos que pueden tener más gastos que beneficios. Por eso les animamos a integrarse en esta demanda colectiva y a seguir reclamando sus derechos, por mucho que nos lo quieran complicar. Nuestro trabajo es hacérselo fácil a todos los consumidores”, considera Suárez.