El semanario satírico "Le Canard Enchaîné" reveló hoy que la Administración francesa le notificó la pasada primavera a Société Générale la demanda de restitución de ese dinero.

Lo hizo amparándose en un dictamen del Tribunal de Apelación de Versalles de noviembre de 2016, que consideró que el fraude cometido por Kerviel -al operador se le condenó como "parcialmente responsable"- fue resultado de una "carencia manifiesta en la organización" del banco, sobre todo por falta de control interno.

Inmediatamente después de esa decisión judicial, el entonces ministro de Finanzas, Michel Sapin, había pedido al fisco que la tuviera en cuenta para "preservar los intereses del Estado", lo que se tradujo en una nota jurídica detallada en la que se concluía que la entidad financiera no tenía derecho a deducirse esos 2.200 millones de euros.

Se puso en marcha entonces un control fiscal sobre el que no se sabe si ha dado lugar al abono de esa cantidad.

Tanto el Gobierno como Société Générale se han negado a dar explicaciones, bajo el argumento del secreto fiscal.

El banco, más allá de insistir en que no comentaría por esa razón este asunto, hizo hincapié en un comunicado en que el pronunciamiento del Tribunal de Apelación de Versalles, a su parecer, no cuestiona su posición a la vista de la jurisprudencia y que cabe la posibilidad de un litigio "ante las jurisdicciones competentes".

Una forma de advertir de que está dispuesto a acudir al tribunal administrativo.