Los fondos, que compraron a la banca el 75 % de la deuda que soportaban las nueve autopistas, cifran en 3.600 millones de euros lo que se les debe en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) -el máximo previsto en los contratos de concesión-.

El resto, unos 1.000 millones, correspondería a créditos otorgados a las concesionarias pendientes de cobro.

Sin embargo, en el plan presupuestario para 2018 remitido a Bruselas, el Gobierno detallaba que el gasto en inversiones se vería afectado por "la cobertura por importe de más de 2.000 millones para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje en concurso de acreedores".

No obstante, desde el Ejecutivo se ha asegurado en diversas ocasiones que esta cifra es una estimación y que no se podrá hacer un cálculo exacto hasta recepcionar las carreteras.

"Estamos dispuestos a negociar con el Gobierno", han asegurado hoy a Efe fuentes cercanas a los fondos, entre los que se encuentran Attestor, King Street Capital, Taconic Capital y SPV Global.

En su opinión, alcanzar un acuerdo, para el que estarían dispuestos a aceptar una quita, permitirá reducir no sólo el montante de la factura, sino ahorrar muchos millones de euros en concepto de intereses.

Además, permitiría mandar un mensaje de credibilidad a los mercados y mitigar el impacto negativo que una mala imagen del país puede tener en su coste de financiación.

Por otra parte, los fondos estarían dispuestos a escalonar los pagos, entre otras alternativas, para que el impacto en el déficit sea el menor posible.

"Se ahorrarían cientos de millones a los contribuyentes", han señalado las mismas fuentes, que han recordado que, en caso de que no se resuelvan las discrepancias en torno a la cuantía que, en su opinión, tienen derecho a cobrar, recurrirán a los tribunales, tanto españoles como internacionales.

En todo caso, ven positivo que el Estado vaya a recepcionar en breve las nueve autopistas (gestionadas por ocho concesionarias que acabaron en concurso de acreedores) porque supone poner fecha al cálculo de la RPA (seis meses) y a su pago (tres meses).

Para rebajar la factura, el Gobierno prevé volver a licitar esas vías en dos paquetes, con lo que captaría entre 700 y 1.000 millones de euros, y cerrar todo el proceso (pagar y cobrar) en 2018 con el fin de mitigar su impacto en el déficit.

Desde su recepción y hasta que vuelvan a salir al mercado, las autopistas serán gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa).

La fecha en la que se podrán sacar de nuevo a licitación dependerá de cuando apruebe el juez los planes de liquidación de las distintas autopistas.

En estos momentos, tan sólo una, la R-4 (Madrid-Ocaña), lo tiene aprobado y empezará a ser gestionada por Seittsa a finales de febrero.

Otras siete autopistas -R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), Ciralsa o Circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera- tienen avanzados sus planes de liquidación y se espera que puedan pasar a ser gestionadas por Seittsa en marzo.

El mayor retraso lo tiene la AP-41 (Madrid-Toledo), todavía en la fase de concurso de acreedores.

Según fuentes de Fomento, la intención es agruparlas en dos lotes: uno con la Circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera, y otro con el resto, incluida la AP-41, que se incluiría en la licitación aunque no tenga el plan de liquidación aprobado, pues en cualquier caso en el momento de la adjudicación estará en manos del Estado.