Fomento abre dos expedientes sancionadores a Abertis por colapso de la AP-6

Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha explicado que las conductas a las que se refieren los dos expedientes sancionadores se consideran "graves".

Una vez concluido el expediente informativo, Fomento ha procedido a incoar dos expedientes sancionadores, uno por el incumplimiento del contrato, conocido también como expediente de penalización, y otro porque la concesionaria no se atuvo a las exigencias contempladas en la Ley de Autopistas y en la Ley de Carreteras.

A partir de ahora se designará al instructor de los expedientes y se fijará el trámite de audiencia para que la concesionaria pueda presentar sus alegaciones.

Fomento también ha iniciado los trámites para repercutir en la concesionaria los costes en los que haya incurrido la Administración del Estado para paliar la situación que se produjo durante el fin de semana de Reyes. El ministerio ya ha empezado a calcular los costes.

Además, ha pedido a la concesionaria que le comunique las reclamaciones que hayan podido plantear los conductores afectados por el colapso de la AP-6.

De la Serna ha avanzado que, de momento, se han presentado ya unas 172 reclamaciones.

El ministro ha explicado que, durante la instrucción del expediente informativo, se ha llegado a la conclusión de que algunas infraestructuras son insuficientes.

Ante este hecho, Fomento se plantea exigir a la concesionaria que aborde inversiones adicionales que deberá financiar la empresa.

De la Serna ha enumerado las deficiencias que Fomento ha encontrado en la actuación de la concesionaria, entre ellas que las solicitudes de restricción del tráfico no se hicieron de forma coordinada para las tres autopistas y que la información suministrada, tanto a la Dirección General de Carreteras como a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a los propios usuarios, no fue la adecuada.

Según el ministro, la concesionaria no asumió su responsabilidad en los cortes de tráfico y no utilizó los medios adecuados para impedir el acceso de los vehículos a las zonas bloqueadas.

Además, el corte de la circulación decidido en la tarde del sábado se levantó sin que la concesionaria hubiera asegurado la limpieza de la calzada.

El posterior corte del tráfico se aplicó, según el ministro, con excesivo retraso, cuando ya habían afluido numerosos vehículos.

De la Serna también ha planteado una serie de medidas para evitar que se repita lo ocurrido, como mejorar la comunicación con la DGT en caso de restricciones de tráfico, revisar la operatividad de los aparcamientos de emergencia, agilizar la respuesta en caso de nevada y diseñar medidas para restringir de forma automática el tráfico de vehículos pesados.

El titular de Fomento ha destacado el trabajo realizado en el conjunto de la red viaria durante el temporal.

Según De la Serna, entre los días 4 y 7 de enero, se efectuaron tratamientos preventivos en más de 46.000 kilómetros de carreteras y se retiró nieve en más de 25.000 kilómetros.

Además, se vertieron casi 22.000 toneladas de sal y 4,8 millones de litros de salmuera, y se mantuvieron activadas 1.155 máquinas quitanieve, de las que 848 tuvieron que actuar.

Los partidos de la oposición ha acusado al titular de Fomento de limitarse a "tirar balones fuera" para no asumir sus responsabilidades en el colapso de la AP-6.

El diputado del Grupo Socialista César Ramos ha dicho que el Gobierno hace un "flaco favor" a una empresa española como Abertis al abrirle dos expedientes sancionadores.

En su opinión, después de lo sucedido, "nadie querrá otorgarle una concesión" en las licitaciones internacionales.

El portavoz de Unidos Podemos, Félix Alonso, ha defendido que el problema es de modelo, por lo que ha pedido al PSOE que, además de criticar al Gobierno, trabaje para que la gestión de las autopistas sea pública.

Fernando Navarro, de Ciudadanos, ha dicho que se falló en la aplicación del protocolo, que indica "claramente" que la responsabilidad recae sobre todo en los ministerios del Interior y de Presidencia.

A Fomento lo ha culpado de los errores en la comunicación con la concesionaria y de la desinformación de las personas afectadas.

Joan Baldoví, de Compromís, también ha solicitado que la gestión de las autopistas sea pública.