A CaixaBank le salen las cuentas en relación a las reclamaciones interpuestas por los clientes afectados por sobrecostes incluidos en las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios.

“La percepción es que el decreto del Gobierno ha funcionado bien”, comentaba Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad presidida por Jordi Gual, durante la presentación de resultados del banco en su nueva sede de Valencia, haciendo balance de una norma, en vigor desde hace un año, que deprisa y corriendo fue aprobada por el Ejecutivo.

Lo hacía el Gobierno de Rajoy para evitar las demandas masivas de los consumidores contra los bancos tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en diciembre de 2016, determinada la retroactividad total de la abusividad de estas cláusulas hipotecarias a toda la vida del préstamo.

Problema heredado de las entidades integradas 

Gortázar, tras reconocer que se trata de un problema que, en la mayoría de los casos, le sobrevino a CaixaBank por “las entidades heredadas” tras la crisis financiera -en alusión al Banco de Valencia y Banca Cívica-, cuantificaba en 241 millones de euros los que el banco había abonado, hasta el 31 de diciembre de 2017, a unos 52.000 solicitados acogidos al proceso extrajudicial puesto en marcha por el Gobierno en enero de 2017.

No son todos. A otros 42.000 clientes que solicitaron el reintegro de lo pagado de más, CaixaBank no les ha reconocido el derecho, por estimar, subrayaba Gortázar, que se trataba de “hipotecas sujetas a criterios de transparencia”.

Proceso extrajudicial de las cláusulas casi cerrado

Aunque el proceso extrajudicial no está acabado, el ritmo de solicitudes ha decrecido notablemente. El banco, que había recibido 90.000 reclamaciones hasta septiembre de 2017, cerraba el pasado ejercicio con apenas 100.000, con lo que en el último trimestre la media mensual de peticiones rondó las 3.000, en contraste con las 10.000 mensuales que se habían registrado entre febrero y septiembre.

De esta manera, de los 625 millones que la entidad provionaba en su balance para hacer frente a esta eventualidad quedarían todavía unos 400 millones. Un colchón -“suficiente”, decía el consejero delegado- para afrontar la alta litigiosidad derivada de los procesos judiciales interpuestas por buena parte de esos hipotecados que no han resarcidos por la vía extrajudicial. Al respecto, señalaba Gortázar que “revisaremos todas las peticiones que nos llegue y, si al final no tenemos razón, pagaremos.

Retroceso del 21% de la aportación de las participadas

Al margen de esta cuestión, las históricas cuentas de CaixaBank -con esos casi 1.700 millones de beneficios- dejaban pocos puntos negros. Sí uno, el de la aportación de sus empresas participadas (Prisa, Deoleo, Telefónica, Repsol o Mobiliaria Monesa), cuyos 653 millones de euros suponían un retroceso superior al 21% respecto al año anterior.

En este sentido, el impacto de la depreciación de la cotización de Telefónica pesó bastante. Aunque, según fuentes de CaixaBank consultadas por EL ESPAÑOL, no tanto como había reconocido el BBVA, que asumía un cargo extraordinario de 1.123 millones en el cuarto trimestre.

"Esperamos que Pallete tira Telefónica para arriba"

“Nosotros tuvimos la suerte de que en marzo de 2017 la cotización de Telefónica subía por encima del precio al que lo contabilizamos, con lo que se abre otro periodo de 18 meses, hasta septiembre de 2018, para ver si tenemos que asumir plusvalías”, comentaba un portavoz de la entidad. “Esperamos que Pallete tire para arriba la acción de Telefónica y no tengamos que hacerlo”, confiaba la misma fuente.

Respecto a otro asunto controvertido, como la paralización de las indemnizaciones (casi 7 millones de euros mensuales) por el almacén de gas Castor, tras la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Gonzalo Gortázar reconocía que se trata de una situación compleja, aunque confiaba en que se llegaría a una solución. CaixaBank, una de las tres entidades afectadas por esta situación.