Según han informado a Efe fuentes jurídicas, así lo ha decidido la magistrada durante la vista preliminar celebrada hoy, en la que ha admitido la petición del demandante, representado por el abogado Felipe Izquierdo.

Además de la testifical de Saracho, la juez ha requerido a la entidad el acta del Consejo de Administración celebrado el 6 de junio de 2017, un día antes de que la Junta Única de Resolución (JUR) europea acordara la operación que supuso la reducción a cero de las acciones y de la deuda subordinada.

Un documento en el que, explican las mismas fuentes, los integrantes del Consejo reconocerían la insolvencia del Popular por falta de liquidez y problemas patrimoniales, apenas horas antes de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutara la resolución.

Precisamente la Fiscalía de Barcelona fue pionera a la hora de defender la competencia de los juzgados españoles para investigar demandas interpuestas por los accionistas del banco, ahora integrado en el Grupo Santander tras su compra al precio simbólico de un euro.

En opinión del Ministerio Público, la entidad "proporcionó datos sobre su estado financiero que no se correspondían con el real" en la oferta de la ampliación de capital, en la que "al menos al público en general no se le hizo saber la auténtica situación", en principio "para intentar sacarla (la operación) a flote".

Se oponía de este modo a la declinatoria presentada por el Popular, que alegaba falta de jurisdicción nacional al sostener que el órgano al que le correspondería estudiar la demanda sería el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en primera instancia, y al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) en casación.

Argumentos posteriormente rechazados por varios juzgados, que ya han aceptado su competencia para investigar los procedimientos iniciados por la vía civil.