Los administradores de Isolux presentan este lunes al juez el informe concursal del grupo

Los administradores remitirán el informe al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid justo el día que concluye el plazo con que contaban, después de que la jueza accediera a extenderlo al máximo previsto por la ley ante la complejidad del concurso y el número de acreedores.

Una vez que el juez ratifique el informe, concluirá la fase común del concurso y se abrirá la correspondiente al convenio de acreedores. Según la legislación concursal, en esta segunda fase la empresa puede realizar una propuesta de pago de deuda que, en caso de lograr respaldo mayoritario de los acreedores, le permitiría superar el concurso.

No obstante, en el caso de Isolux, su proceso concursal alcanza esta fase mientras, en paralelo, los administradores están gestionando una liquidación ordenada de la empresa.

En concreto, hace unos meses se acordó la venta del negocio de construcción en España a sus actuales directivos, liderados por el consejero delegado, Federico Ávila.

En paralelo, los administradores pactaron con los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para toda la plantilla salvo la que se quedarán los directivos para el negocio adquirido. Se trata de alrededor de un centenar de trabajadores, el 17% de los 575 empleados que aún quedan en la empresa tras el ajuste de alrededor de 300 efectivos que ya realizó el pasado año nada más declararse en concurso.

Además, la administración concursal sigue trabajando para vender otros activos internacionales de Isolux que se consideran viables, como líneas de alta tensión en Latinoamérica o derechos de construcción en Estados Unidos.

UNO DE LOS MAYORES CONCURSOS DE LA HISTORIA

El grupo Isolux se vio finalmente abocado al concurso de acreedores en julio de 2017, tras no encontrar un inversor y un año después de que fuera rescatado por sus bancos acreedores, que pasaron a controlar su capital.

Su quiebra constituyó una de las mayores de la historia empresarial española, dado que la compañía se declaró insolvente con un 'agujero patrimonial' de 801,9 millones de euros, una deuda financiera de 1.270 millones de euros y una deuda con proveedores de otros 405 millones.

No obstante, será el informe que la administración concursal entrega mañana en el Juzgado el que determinará la dimensión real de la situación de la compañía, tras haber realizado un análisis de sus cuentas y sus deudas durante los pasados siete meses.