El pasado 2 de febrero, la Junta única de Resolución (JUR) publicaba los esperados documentos sobre los que basó su decisión de resolver el Banco Popular en la noche del 6 al 7 de junio del pasado año. Pero todos ellos venían repletos de borrones y huecos en blanco ocultando una información clave para que los afectados avancen en sus procesos de demandas. Así lo reconoce Alberto Ruíz Ojeda desde el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, quien asegura en representación del bufete que ¿vamos a seguir con la misma línea de petición de acceso a la información íntegra, en base a nuestro derecho a la defensa¿.

Tal y como recuerda Ruíz Ojeda, la JUR atribuye la confidencialidad de parte de los documentos a un reglamento que no sería aplicable, según el experto, dentro de ese derecho a la defensa. Pero desde la institución insisten en su derecho a la confidencialidad por el bien del interés público. En varias cartas remitidas este mismo martes por la institución presidida por Elke König a la Asociación Independiente de Afectados del Popular (AIAP), insisten en que ¿la divulgación de detalles de la metodología aplicada en este caso puede dar lugar a especulaciones infundadas sobre la manera en la que la JUR puede llevar a cabo futuras evaluaciones, que por su naturaleza dependen del contexto y no son fácilmente aplicables a otras instituciones financieras¿. Por otra parte, argumentann que ¿dichas especulaciones pueden influir excesivamente en la conducta de otras instituciones y, por tanto, tener consecuencias negativas para los bancos con modelos de negocio similares y suponer un riesgo para la estabilidad financiera¿.

De hecho, la JUR también se escuda en la negativa del BCE a publicar algunos documentos. Según el organismo, el banco central asegura que ¿la publicación de información como la referida al techo de ELA y el importe de ELA provisto podría reactivar tensiones sobre entidades financieras o reavivar especulaciones injustificadas en el mercado referidas, por ejemplo, a Banco Santander S.A. (en adelante referido como ¿Santander¿). Dado que actualmente los mercados están muy interconectados, cualquier acontecimiento negativo que se produzca en España podría tener efectos de contagio en otros países de la UE, que perjudicarían la estabilidad financiera del conjunto de la UE¿.

Esta es solo una parte de las cartas con las que la JUR pretende frenar la avalancha de peticiones de los afectados para que desvele los datos `tachados¿ de los documentos publicados el pasado 2 de febrero. El organismo lo deja claro: el interés público, el comercial del Santander y el Popular e incluso por el bien de todo el sistema financiero prevalece por encima de todo.

Ante esta situación, los bufetes de abogados consultados aseguran que el próximo paso será acudir al Defensor del Pueblo Europeo. Algunos ya lo han hecho esta misma semana, como es el caso de la AIAP, que además de estas reclamaciones, también están elaborando las respuestas a la propia JUR y al  Panel de Recursos.

Quien solicita toda la información confidencial, aseguran que guardarán el carácter de secreto de la misma, pero que la necesitan para preparar su defensa. ¿Si no quieren hacerla pública, que organicen un régimen de acceso a sala cerrada, porque es algo básico para ejercer nuestro derecho a la defensa¿, indican los expertos. ¿No queremos difundir la información, sino entenderla para defendernos¿, insisten.

- EL JUEZ ANDREU PIDE INFORMACIÓN SOBRE EL POPULAR AL BANCO DE ESPAÑA Y EL BCE