El juez Andreu ha entrado de lleno en su intento por aclarar la caída del Banco Popular. Lo ha hecho solicitando documentación a todos los actores que estuvieron implicados en la operación de venta al Santander.

Hablamos de miles de documentos que van desde el mismo informe Deloitte a la liquidez de emergencia inyectada por el Banco Central Europeo o al análisis que hicieron distintos bancos sobre el Popular, así como actas del consejo presidido por Ron y Saracho.

En definitiva, todo aquello que el Banco de España, el BCE, la Junta Única de Resolución, la Comisión Nacional del  Mercado de Valores (CNMV), el Popular y el Santander, así como otros bancos que estudiaron opciones de compra puedan tener y que ayude a esclarecer lo ocurrido hasta que el pasado 6 de julio el banco anunciara a las autoridades que no había dinero para volver a abrir sus puertas. 

El informe Deloitte

Una de sus piezas esenciales, según la providencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que una de las piezas estrella es el expediente administrativo completo del caso Popular. Y en él, evidentemente, está el Informe Deloitte sin censurar, algo que solicita al FROB que ya mostró su disposición a enviar la documentación si le era requerida.

No obstante, también solicita a la institución que lidera Jaime Ponce una copia de todas las comunicaciones, informes y documentos que le haya remitido el Santander desde el 7 de junio de 2017 para sanear y reestructurar el Popular. Papeles que también reclama a la JUR, quien deberá entregar el informe Deloitte. 

El banco malo

No se libra el Banco de España de esta partida. Hasta 16 clases de documentos diferentes le solicita Andreu sobre el caso. Entre ellos, una copia del Plan Sunrise, el banco malo que quería crear el ex presidente Ángel Ron; así como los comentarios que el regulador pudiera haber hecho sobre el mismo. 

Solicita también copia de los distintos informes de inspección desde 2012, así como posibles recomendaciones realizadas a la entidad. Las actas de las reuniones mantenidas con los dirigentes del Popular y la documentación relacionada con los esquemas de liquidez otorgados al banco. 

Este último punto también se lo reclama al Banco Central Europeo, con el objetivo de que remita una copia del "Programa de Supervisión Ordinaria" sobre el Banco Popular entre 2016  y 2017. 

Ampliación de capital y reexpresión de cuentas

Pero la mayor cantidad de información se la reclama al propio banco. Muy preocupado está Andreu con la reexpresión de las cuentas de 2016. Solicita los trabajos de auditoría, así como los nombres de las personas que se involucraron en ella. 

Así mismo quiere conocer cómo fueron las retribuciones del Consejo, créditos que se pudieran haber entregado en los últimos años; y si se han reclamado algunas de esas cantidades en concepto de la llamada cláusula "malus". 

El juez también quiere las actas de los consejos de administración desde enero de 2014 hasta su caída; así como las distintas comunicaciones mantenidas con PWC sobre auditoría, y posibles requerimientos de información para elaborar las cuentas entre 2015, 2016 y el primer trimestre del 2017. Documentos, por cierto, que también ha solicitado al auditor. 

También todos aquellos documentos que puedan servir para aclarar las últimas ampliaciones de capital realizadas por Popular. Sobre todo, la realizada en 2016. 

Todo ello sin olvidar las bases utilizadas para elaborar los Presupuestos de 2016 y 2017, así como el 'cuadro de mando' de los últimos tres ejercicios de vida del Banco Popular. En total, 35 tipos de documentos diferentes que deberán ser remitidos por la entidad. 

El comprador

Tampoco se libra el Santander, a quien le pide los informes de adquisión; así como toda la información que le permitió soportar la valoración. También solicita anteriores ofertas lanzadas por el banco sobre Popular. 

En cuanto a la CNMV, el juez Andreu quiere tener acceso a los requerimientos e investigaciones que haya hecho para aclarar si hubo o no ocultación de pérdidas. También los documentos que el Popular le haya remitido. 

Solicita también todos los papeles relacionados con posibles requerimientos de información desde 2015; así como los Hechos Relevantes remitidos sobre el Proyecto Sunrise, la ampliación de capital de 2016, y diversa documentación donde se analice la evolución de la acción de la compañía. 

Otras entidades financieras

No se libran tampoco los distintos bancos que estudiaron una opción de compra. Es el caso de Santander, Sabadell, BBVA, Bankia y Caixabank, a quienes pide todos los documentos donde se hagan "estimaciones de las potenciales contingencias existentes que puedan afectar a la situación patrimonial y financieras" del Popular. 

También reclama a Morgan Stanley, contratada por Bankia para analizar la operación de compra, y a Sociète Genérale, que hagan lo propio. Y, por supuesto, a UBS, que fue contratada por Saracho para analizar una posible ampliación de capital tras su llegada al Banco Popular.