Endesa está dispuesta a asumir el coste del desmantelamiento de las centrales nucleares, tal y como pretende el ministro de Energía, Álvaro Nadal, pero siempre que se le devuelvan las cantidades aportadas a Enresa.

El consejero delegado de la eléctrica, José Bogás, ha explicado que si el Gobierno traspasa a las eléctricas esta labor, Endesa podría recuperar entre el 22% y el 24% de los 2.400 millones que ya ha aportado a Enresa.

A partir de estos porcentajes, la compañía que preside Borja Prado podría recuperar entre 528 y 576 millones, aunque su CEO ha cifrado el aporte en unos 1.185 millones. Por esta razón, ha destacado Bogás en una conferencia con analistas para presentar los resultados de 2017, un cambio normativo orientado a que las eléctricas asuman el desmantelamiento no tendría un impacto negativo en las cuentas de Endesa.

A finales de enero, Nadal avanzó en el Congreso su intención de cambiar el marco normativo actual para que sean las empresas propietarias de las centrales las que asuman este coste. Es una tarea que asume actualmente la empresa pública Enresa y para la que las eléctricas pagan anualmente una tasa de 6,7 euros por megavatio producido. Esta recaudación no siempre estuvo vinculada a las empresas, sino que entre 1984 y 2005 los fondos procedían del recibo de la luz que pagan los consumidores.

Desde 2005 se aplica esta tasa a las empresas a causa de la contaminación que generan, pero el fondo acumulado en estas más de tres décadas no cubre los costes que supondrá el cierre y desmantelamiento del parque nuclear.

Endesa es el mayor productor de energía nuclear en España, con el 47% de la potencia nuclear instalada (casi 3.700 MW). Además, tiene el 100% del capital de la central de Ascó I; el 85% en Ascó II; el 72% de Vandellós II; el 36% en Almaraz I y II; y un 1% en Trillo.

Tras el cierre de la central burgalesa de Garoña el pasado mes de agosto, en la que comparte el capital al 50% con Iberdrola, las siguientes plantas que deben obtener la autorización para alargar su vida útil más allá de 40 años son Almaraz I (cuya licencia vence en 2021), Ascó I (2023) y Almaraz II (2023).

Con esta postura, Endesa se desmarca del enfrentamiento que mantiene Iberdrola con el ministro de Energía. En la presentación de sus resultados de 2017, el presidente de la eléctrica vasca, Ignacio Sánchez Galán, mostró su desacuerdo con la intención de Nadal de cargarles a las eléctricas este coste. "Es responsabilidad del estado, la ley es la ley", afirmó. Bajo su punto de vista, las empresas "ya han pagado muchísimo dinero" en la última década y subrayó la necesidad de contar con un escenario claro en cuanto al retorno de las inversiones si se pretende prolongar la vida de las centrales. 

Por su parte, el ex consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, tampoco considera "razonable" que sean las empresas las que asuman este coste de forma directa. "Cambiar las reglas del juego en este momento es extremadamente negativo, no sólo por la inseguridad que crea, sino por la imposibilidad de resarcirse en estos dos o tres años de este cambio de reglas", dijo Villaseca durante la presentación de los resultados de 2017 de la gasista haciendo referencia a la proximidad del cumplimiento de la licencia de varias plantas.

No hace falta revisar la retribución

Los analistas también se han interesado por la anunciada modificación de la retribución del sector eléctrico y cómo afectaría al negocio regulado de Endesa. Según Bogás, la ley "debe respetarse".

"No vemos necesaria realizar una reforma antes de que acabe el periodo regulatorio y no tenemos considerado ningún impacto en el plan de negocio de 2018 y 2019", ha indicado el CEO de la eléctrica, que defiende que la retribución del negocio regulado es una de las remuneraciones más importantes y no se debe realizar ninguna modificación antes de tiempo. El mero hecho de que se hagan estas propuestas pueden generar inestabilidad, algo que "preocupa a los inversores". 

Además, bajo su punto de vista, realizar este cambio tampoco tendría sentido porque actualmente el sistema no genera déficit, pero mostró la disposición de la compañía a dialogar con el Ministerio sobre cualquier cambio regulatorio.