La JUR retrasa al menos hasta abril el último informe de Deloitte sobre el Popular

Durante una intervención ante la Eurocámara, König subrayó que el organismo europeo, que tomó la decisión de resolver la entidad en junio de 2017, está "obligada a respetar la independencia" de la empresa que hace la valoración y darle "el tiempo necesario" para completarla.

"Estamos esperando impacientemente esta valoración y le hemos dejado claro al valorador que esperamos que la termine más pronto que tarde, pero está en sus manos porque son independientes y a nadie le gustaría ser acusado de haber presionado al valorador para hacerlo rápido", dijo.

König explicó que le habría gustado que el informe estuviese listo en febrero o marzo, pero que la última información que ha tenido al respecto apunta al mes de abril.

Sin embargo, insistió en ser "muy cauta" respecto a la fecha puesto que anteriormente había "oído" que sería en febrero, lo que le llevó a afirmar en su última comparecencia ante el Parlamento Europeo en noviembre que el informe estaría listo a principios de 2018.

La presidenta de la JUR se refirió así al último informe que la consultora debe realizar para determinar si los accionistas y bonistas que perdieron toda su inversión con la resolución del banco, vendido al Santander por un euro, hubieran estado mejor en caso de haberse declarado la insolvencia de la entidad.

La JUR publicó a principios de febrero parte del informe de valoración de la entidad que hizo Deloitte de cara a su resolución, que determinó que el banco tenía un agujero de entre 11.800 millones de euros en el mejor escenario y 20.600 millones en el peor.

Deloitte consideró que en el mejor escenario el banco valía 8.200 millones y, en el peor, un valor negativo de 2.000 millones.

La consultora señalaba en el mismo que había tenido un tiempo "extremadamente corto" para hacerlo y que no había tenido acceso a "cierta información crítica".

La JUR también publicó versiones no confidenciales de su propio informe de valoración, el plan de resolución que elaboró en 2016, las cartas que se enviaron a los potenciales compradores y una versión más amplia de la decisión de resolución publicada en junio.

Esta era una demanda de los afectados por la resolución, respaldada por la Eurocámara, que consideran la información necesaria para defender su caso ante los tribunales europeos y nacionales.

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