Todo listo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad de Santander, en la capital cántabra, para la Junta de Accionistas del banco. La más esperada de los últimos años y puede que también la más conflictiva. La tensión que puede vivirse, tanto a la entrada del acto a partir de las 09.30h, como dentro del mismo, puede incluso sorprender a los máximos directivos de la entidad, acostumbrados en los últimos años a lidiar con sus accionistas a golpe de buenas noticias vía dividendo.

Sin embargo, está previsto que al encuentro acudan antiguos accionistas del Popular, que perdieron toda su inversión con la resolución del banco y su posterior compra por parte del Santander por el valor simbólico de un euro. Solo les ha hecho falta comprar una acción para poder asistir al evento. Y con ello se ganan también el derecho a exponer sus quejas y opiniones sobre el proceso.

Algunos bufetes de abogados confirman que sus clientes acudirán con el propósito de exigir a Ana Botín una compensación más allá de los bonos de fidelización, con los que la entidad se aseguró la renuncia de muchos inversores a emprender la vía judicial.

Pero aun así, el volumen las denuncias y reclamaciones han sobrepasado las capacidades en Europa y en la Audiencia Nacional. En principio, los afectados solo reclamaron contra el FROB, la JUR, la Comisión Europea y el antiguo equipo directivo del Popular. Pero ahora todas las miradas se dirigen al Banco Santander y a una posible `compensación¿ de la entidad para los afectados, más allá de los bonos de fidelización.

Grandes inversores como la familia chilena Luksic han reclamado ya a Ana Botín sus 113 millones de euros invertidos en Popular a través de Aeris Invest si la presidenta de la entidad no quiere que se emprendan acciones civiles. Del mismo modo, el mexicano Antonio del Valle ha iniciado un arbitraje internacional exigiendo a España los 470 millones de euros que él, junto a un nutrido grupo de inversores mexicanos, perdieron con la resolución del banco.

Pero hay más. Los pequeños accionistas también han comenzado a moverse y, más allá de las vías abiertas en el Tribunal de Justicia de la UE y en la Audiencia Nacional (que ha frenado el proceso hasta que se pronuncie Europa), han comenzado a estudiar demandas civiles contra el Banco Santander con la esperanza de recuperar lo perdido.

Fuentes consultadas confirman que algunos bufetes estudian seguir el paso del despacho Jausas, que interpuso la primera demanda civil contra la entidad por enriquecimiento ilícito. Es, por ejemplo, el camino a seguir por la Asociación Independiente de Afectados del Popular, que dentro de poco presentarán ante la Fiscalía Anticorrupción una segunda denuncia contra el banco por enriquecimiento injusto.

El camino judicial para el Santander se presenta tortuoso en este sentido, pues otros despachos como Rúa Abogados también están estudiando esta opción. De momento, han solicitado a una conocida consultora un informe propio de las cuentas del Popular desde 2013 que, de ser concluyente como esperan, desataría una nueva avalancha de demandas civiles que no se retrasarían más allá de finales de abril.

PROVISIONES PARA LITIGIOS

Ante este escenario, los rumores en las últimas semanas apuntando a que el banco tendría un `colchón¿ para negociar con determinados accionistas se han sucedido en los medios. Desde la entidad niegan cualquier compensación `extra¿ fuera de los bonos de fidelización. Pero fuentes consultadas relacionadas con el proceso aseguran que la entidad tiene `apartada¿ una cantidad para estas posibles negociaciones.  

En su última Memoria Anual, Santander confirmaba que había destinado 680 millones de euros a " potenciales compensaciones a los accionistas de Popular" tras su resolución, de los que 535 millones se aplicaron al bono de fidelización que la entidad emitió a finales de 2017 (con una adhesión del 78,8%).

Pero la propia entidad reconoce que ¿el resultado de los procedimientos judiciales es incierto¿ ante un caso sin precedentes en Europa.  A 31 de diciembre de 2017, Santander contaba con provisiones por 6.615 millones de euros, de los que 316 millones están destinados a la cobertura de contingencias de naturaleza fiscal, legal o litigios. Por su parte, Popular tenía provisionados al cierre del ejercicio fiscal 1.112 millones de euros, de los que 17 millones son 'cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes'.

Por otro lado, el grupo Santander estima que el riesgo máximo asociado a las cláusulas suelo de Popular, empleando el escenario más severo y no probable, asciende a unos 900 millones de euros sin tener en cuenta las devoluciones realizadas.

Esas son las cifras aparecidas en la Memoria del banco, que niega que haya provisiones extra. Pero las fuentes consultadas insisten en que las cifras para lidiar con los litigios del Popular son mayores. Y para las posibles compensaciones. Y ahí se centrarán muchas de las intervenciones de los afectados que acudirán a la Junta. Desde la Asociación Independiente de Afectados del Popular aseguran que informes que manejan apuntan a 2.553 millones de euros para riesgos legales y 147 millones para empresas conjuntas. En total, 2.700 millones de euros de provisiones para el caso Popular.

ORDEN DEL DÍA

La junta de accionistas de Banco Santander aprobará este viernes el nombramiento del presidente no ejecutivo de su filial en Brasil, Antonio Cardoso de Souza, como nuevo consejero independiente de la entidad. El orden del día del encuentro también prevé la ratificación del nombramiento de Ramiro Mato como consejero independiente, así como la reelección de otros cinco consejeros: Carlos Fernández González, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, Guillermo de la Dehesa, Sol Daurella Comadrán y Homaira Akbari.

De este modo, el consejo de administración del banco que preside Ana Patricia Botín volverá a estar compuesto por quince miembros, de los cuales nueve, la mayoría, son independientes y un tercio mujeres.

En paralelo, los accionistas de Santander otorgarán su visto bueno al reparto de un dividendo de 0,22 euros por título con cargo a los resultados de 2017, lo que supone un alza del 4,76%, respecto al año anterior, entre otros puntos del orden del día.

Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 6.619 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 7% respecto al año anterior, tras registrar un cargo neto de plusvalías y saneamientos de 897 millones.

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