El sector hotelero está que echa chispas con la última decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que afecta a las plataformas de alquiler de pisos turísticos.

Desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) han tachado de "vergonzante y grotesco" que Competencia inste al Gobierno a cambiar la norma que exige a empresas como Airbnb, Homeway o Niumba comunicar trimestralmente datos sobre los titulares de las viviendas que comercializan en sus plataformas.

Juan Molas, presidente de CEHAT, ha asegurado este jueves que los hoteleros "están profundamente preocupados" ante la "actitud" de la CNMC y el requerimiento que ha enviado al Gobierno como paso previo antes de interponer un recurso contra el Real Decreto que Hacienda aprobó en diciembre. La medida, aplaudida entonces por el sector hotelero, persigue el fraude fiscal y se dirige a las personas y entidades que realicen intermediación entre los propietarios y los clientes que alquilan las viviendas, señalaban desde el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro.

Molas ha explicado que no entienden las razones por las que Competencia ha recurrido esta orden ministerial afirmando públicamente que podría suponer una restricción a la competencia. Bajo su punto de vista, se estaría produciendo un trato "favorable y discriminatorio" hacia las viviendas privadas con uso turístico. "No me gustaría pensar que hay apoyos indirectos hacia determinadas plataformas", ha señalado el presidente de la confederación hotelera.

Durante 2017, más de un 26% del total de los turistas se alojaron en este tipo de alojamientos no reglados, asegura la CEHAT, "sin que la recaudación obtenida refleje el volumen real de actividad".

"Se está dando un trato de favor a algunas multinacionales que me parece completamente inadmisible", ha subrayado Molas. Para el presidente hotelero el tema no está zanjado. Ha asegurado que contactará tanto con el presidente Mariano Rajoy como con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para trasladarles el malestar del sector y solicitarles que tomen medidas al respecto "cuanto antes". 

Desde CEHAT han insistido en que es necesario que la Administración "promueva una legislación para que todas las empresas cumplan con las mismas normas fiscales, entre ellos el deber de información". Como ejemplo, los hoteleros ponen la legislación italiana o francesas, que obligan a las plataformas a recaudar e ingresar los impuestos. "Es la forma más apropiada para nivelar las reglas de juego", apunta la Confederación. 

Además, Molas ha recordado que todas las pymes están obligadas a dar la información que pretende recabar Hacienda y que, en el caso de las hoteleras más grandes, incluso tienen que remitir sus facturas por vía telemática de forma inmediata. 

Obligaciones "innecesarias o desproporcionadas"

Hacienda aprobó la nueva obligación fiscal en diciembre de 2017 y está previsto que entre en vigor en julio de este año. Las plataformas de pisos turísticos tendrán de margen hasta octubre para informar a la Agencia Tributaria de los alquileres suscritos entre julio y septiembre ya que la declaración se realiza por trimestres. 

Bajo la nueva norma, será necesario identificar al titular de la vivienda, al titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda si es distinto al titular del inmueble y la identificación de las personas o entidades cesionarias. 

Según la CNMC, el Real Decreto "no delimita con claridad" quienes serán los sujetos obligados a proporcionar la información y si entre los obligados hay "entidades que no intervienen en todas las fases de la transacción", se podría imponer "una carga sustantiva que puede tener efecto restrictivo en la competencia". 

El súperregulador que preside José María Marín Quemada considera, además, que algunas de las obligaciones de información que se solicitan a través de esta nueva norma "pueden ser innecesarias o desproporcionadas" para el fin que persigue, que es la prevención del fraude fiscal. Como ejemplo, la CNMC considera de "dudosa relevancia" que se obligue a comunicar la identidad del titular de la vivienda cuando no coincide con la persona que tiene el derecho de cesión.

Desde Airbnb aplauden el paso dado por Competencia y aseguran estar de acuerdo con el organismo en que "las obligaciones son impracticables". La plataforma se ha mostrado abierta a trabajar con el Gobierno para encontrar "una vía mejor". Hace un mes, Sharing España, el colectivo que agrupa a diferentes empresas de la economía colaborativa como esta plataforma, Blablacar o Deliveroo, solicitó a la CNMC que recurriera el real decreto aprobado en diciembre por considerarlo "injusto y desproporcionado" además de ir "en contra del interés general".