El próximo 17 de abril está señalado el juicio entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Uber y Cabify por un lado y Gobierno, comunidades autónomas y taxistas por otro.

El Tribunal Supremo podría zanjar ese mismo día la “guerra del taxi”, cerrando el número de licencias de taxi y VTC que van a operar los próximos años en nuestro país, o liberalizando las segundas y por tanto haciendo desplomarse el valor de todas. La historia, a punto de resolverse, viene de lejos.

En 2009 el gobierno socialista, aprovechando la división del sector del taxi, incluyó en la conocida como Ley Ómnibus la liberalización de las VTC. Los populares en 2013 revirtieron dicha situación, pero no concretaron los requisitos para desarrollar esa actividad hasta 2015, entre otros la necesidad de unas licencias y un número limitado de las mismas a modular por las Comunidades Autónomoas, como los taxis.

La consecuencia de esa demora ha sido la entrada, vía sentencias, de unos miles de licencias de VTC que está por ver cómo absorbe un mercado hoy en alza, pero cuya demanda no es ilimitada.

Si la normativa aprobada por la ministra Ana Pastor es contraria al principio de libertad de establecimiento, será sobre lo que el alto Tribunal determine en el primer juicio por la Unidad de Mercado que se producirá esa instancia.

Las cuentas de los perjuicios para los taxistas

Fuentes de Fedetaxi valoran el precio medio de una licencia de taxi en 104.000 euros y en 63.000 el que han alcanzado las VTC. Existen más de 71.839 licencias de ambas modalidades, de las cuales 64.533 corresponden a taxis, valoradas en su conjunto en casi 8.000 millones de euros. Este valor es que se encuentra en riesgo de desaparecer de la economía nacional de un día para otro, según dictamine el Tribunal Supremo.

Las plataformas tecnológicas, de la mano Marín Quemada y su Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se encuentran dividas por la regulación de la actividad de las ya populares VTC (vehículos para el arrendamiento con conductor), lo que se constata por su patronal Unauto, que no ha reclamado la liberalización total de la actividad, temerosos de que ello pudiera hacer perder el valor de las más de 5.000 licencias VTC con las que han comerciado en los últimos meses empresas como Cabify o Ares Capital.

Sin embargo, de otro lado tanto la CNMC como la multinacional Uber apuestan por la desaparición del valor de dichas autorizaciones, lo que además les facilitaría una mayor cuota de mercado sin casi inversión en España.

A juicio de Fedetaxi, la sociedad y los partidos políticos y agentes sociales, ya se han mostrado en varias ocasiones muy sensibles al tema, y gran parte de la sociedad civil es cada vez más consciente de lo que implica el término uberización y lo que ocultan las gigantes tecnológicos.

Preocupación de De la Serna

El ministro de Fomento, Iñigo De la Serna, compartió con Fedetaxi hace unas semanas su preocupación por esta situación, en la que decenas de miles de trabajadores autónomos y chóferes podrían verse fatal e irreversiblemente despatrimonializados en sus negocios y ahorros, asegurando a la junta directiva de Fedetaxi que su Gobierno estaba estudiando algunas medidas que pudieran garantizar que no se produzca ninguna situación de ruina y desaparición de esos activos.

Por su lado las CC.AA. son conscientes de que VTC y taxis no son exactamente vasos comunicantes, pero si se desregula el servicio de los primeros se desmantela irreversiblemente el de los segundos, privatizando la movilidad urbana en favor de multinacionales y en grave perjuicio de sus competencias y políticas sobre medioambiente, movilidad y ordenación de las ciudades.

Pero, ni Marín Quemada ni las poderosas multinacionales están satisfechas con la actual regulación. Éstas quieren para sí todo el mercado de la movilidad y aquel rematar su cruzada por liberalizar los taxis, como bastión de autónomos ofertantes de un servicio público del interés general, que estorba a los planes de los gigantes de Silicon Valley, sin que parezca importarles mucho la ruina de más de 100.000 familias.

“Con el objetivo común de privatizar sin vuelta atrás el servicio público de transporte de viajeros en vehículos de turismo, Marín Quemada y sus aliados, intentan derribar cualquier barrera -incluso legal- que les impida inundar nuestras ciudades con sus “coches negros”, ponerlos en manos de falsos autónomos o trabajadores precarizados, y dejarlos inermes para prestar una “carrera” sin hacer “click” en una de las dos aplicaciones para smartphones, obteniendo de paso todo el “big data” de los usuarios de la movilidad, imprescindible paso para tomar ventaja ante la no muy lejana implantación del taxi autónomo”, declaró Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi.

Leal aseveró tajante que “los taxistas han peleado, pelean y pelearán contra este escenario” así como que “esto no es una situación comparable a una crisis sobrevenida, esto, de producirse, es fruto de una pasividad política de todas las administraciones que no tendría justificación alguna”.