El sector de las grandes superficies se ha levantado en pie de guerra contra la directiva presentada este jueves por la Comisión cuyo objetivo es proteger a los agricultores frente a los abusos de los mayoristas. Bruselas alega que los productores son el "eslabón débil" de la cadena alimentaria y quiere reforzar su poder para negociar los precios frente a la presión a la baja que ejercen las multinacionales. Los distribuidores replican que la nueva norma no es necesaria, no ayuda a los agricultores y distorsionará el mercado.

"En la cadena de suministro de alimentos hay desequilibrios en el poder de negociación y con esta propuesta la Comisión aborda las prácticas comerciales desleales de forma directa. Actuamos porque los comportamientos comerciales injustos perjudican la viabilidad económica de los operadores de la cadena", ha dicho el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Jyrki Katainen.

La directiva, que ahora debe ser aprobada por los Gobiernos de la UE y la Eurocámara, prohíbe expresamente una serie de prácticas comerciales consideradas desleales. En particular, los retrasos de más de 30 días en los pagos de productos perecederos, las cancelaciones de última hora o las modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos, o la obligación de que los proveedores se hagan cargo de los gastos de los productos perdidos.

Otras cláusulas contractuales solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes: la devolución a los agricultores de los productos alimenticios no vendidos; el pago de un adelanto por parte de los productores a los distribuidores para mantener un acuerdo de suministro; o la obligación de que el productor corra con los gastos de la promoción o comercialización.

Los Estados miembros estarán obligados a designar una autoridad pública encargada de hacer cumplir estas nuevas normas. En caso de infracción probada, habrá sanciones "proporcionadas y disuasorias" para los distribuidores. La directiva no define cuál debe ser el nivel mínimo de penas, sino que lo deja en manos de cada país.

¿Una cultura del enfrentamiento y las sanciones?

El Gobierno de Mariano Rajoy está satisfecho con la propuesta de Bruselas porque considera que sigue las líneas básicas de la legislación española vigente. Además, obliga a todos los Estados miembros a dotarse de unas normas similares, lo que garantiza la igualdad de trato.

"No estamos convencidos de que el enfoque de 'un mínimo de armonización' sea el instrumento adecuado para lograr la igualdad de condiciones que la Comisión quiere lograr. La Comisión no ha mostrado ninguna prueba de que haya un problema estructural ni de la utilidad de una ley de la UE para resolverlo", lamenta por su parte Christian Verschueren, director general de EuroCommerce, la asociación que agrupa al sector de la distribución.

Para las grandes superficies, la propuesta de la Comisión "favorece una cultura del enfrentamiento y las sanciones, que en algunos países ya se ha traducido en medidas discriminatorias y multas desproporcionadas incompatibles con la legislación de la UE". Además, introduce una "cultura arbitraria" de señalar a los incumplidores "sin derecho a responder o a la defensa".

Los agricultores de la UE sostienen en cambio que la directiva "supone un paso en la dirección correcta". Si bien ya hay legislaciones de este tipo en alrededor de 20 Estados miembros, es importante que exista un marco europeo para garantizar la igualdad de condiciones", ha dicho Pekka Pesonen, el secretario general de la organización de agricultores Copa-Cogeca.

Según sus datos, los agricultores reciben de media el 21% del valor total del producto agrícola, mientras que el 28% va para el sector de la transformación y el 51% para el de la distribución. "Eso no puede ser así, Es necesario que los agricultores reciban la parte justa del valor de lo que producen", reclama Pesonen.