Los ejércitos legales de la llamada 'guerra del taxi' ultiman ya sus argumentos ante la inminencia del día que puede marcar un punto de inflexión en el enfrentamiento entre el sector de las VTC y los taxistas. Será ante el Tribunal Supremo cuando hasta trece abogados expongan sus argumentos sobre la necesidad -o no-  de mantener la regulación tal y como está o, por el contrario, liberalizar por completo el sector del transporte de pasajeros en vehículos de menos de nueve plazas. 

En un lado de la bancada encontraremos al sector del taxi con asociaciones como Fedetaxi, Elite Taxi, la Gremial, la Federación Profesional del Taxi de Madrid y el Sindicat del Taxi de Cataluña. Junto a ellos estarán también el Ayuntamiento de Madrid, la Generalitat de Cataluña, la Comunidad de Madrid y el ministerio de Fomento.

Todos ellos defenderán la necesidad de mantener una regulación sobre las VTC que limite su operativa en los términos actuales. Es decir, manteniendo la ratio de 1/30, así como las limitaciones geográficas a la operativa de servicios de las licencias que usan Uber y Cabify. Hasta el momento, y según la normativa adoptada en 2015 por Fomento, tan sólo el 20% de los servicios se pueden ejecutar fuera de la comunidad en la que fue concedida la licencia. 

En la parte contraria, y como demandantes, encontramos a Unauto -la patronal de las VTC- pero también a la CNMC, Uber y Cabify. Pretenden conseguir que el Supremo falle a su favor y liberalice de una vez por todas el sector. De este modo, acabarían con sus limitaciones de geográficas y de licencias.

Las partes, distanciadas

Una vista a la que, aunque parezca lo contrario, las distintas partes llegan más separadas que nunca. Dejando al margen a las administraciones, las asociaciones del taxi tienen claro que deben velar por mantener el actual marco legislativo; pero difieren en la forma de llevarlo a cabo. 

Una atomización que se produce también entre las VTC. Por un lado viajan Uber y Cabify, que defienden su negocio. Por el otro la patronal Unauto que representa a las empresas de alquiler con conductor. Uber, por supuesto, pero también a otras muchas más pequeñas que llevan años trabajando en el sector, y que buscan obtener la mayor flexibilidad posible en su modelo de negocio. 

Lo que no está tan claro es que todos sus asociados estén de acuerdo con la actuación de Unauto en este proceso. Muestra de ello es que el pasado viernes se conocía que su abogado, José Andrés Diez, había renunciado a la representación. Fuentes conocedoras de la situación hablan de "desavenencias" entre la cúpula de la patronal que lidera Eduardo Martín y el hasta ahora letrado de la asociación que, por cierto, también trabaja para Uber. 

El dilema del 1/30

Y es que para el sector de las VTC y el de los taxistas hay mucho en juego. Los cálculos de Fedetaxi señalan que el impacto económico sobre el sector de una liberalización sería de 8.000 millones de euros. Lo mismo ocurre en el sector de las VTC, que se juegan todo el dinero invertido hasta el momento, y parte de lo que se puede obtener en el futuro. 

No hay que olvidar que en estos momentos la Justicia tiene pendientes de otorgar cerca de 10.000 licencias, fruto de la desregulación abierta por Rodríguez Zapatero con la ley Ómnibus. 

Como explicaba el responsable de Cabify en España, Mariano Silveyra, en EL ESPAÑOL, parece que la demanda de este tipo de servicios se incrementará exponencialmente en los próximos años. Muestra de ello es que hay empresarios y fondos de inversión que ya han invertido cientos de millones en las licencias en el mercado de secundario. 

Es el caso, por ejemplo, del fondo King Street Capital, que compraba hace unas semanas la sociedad Ares Capital, liderada por Juan Ortigüela. Una de las históricas del sector, con medio millar de licencias VTC y otras 2.000 solicitadas. Una operación que se cifra en cerca de 100 millones de euros, y que servirá como respaldo para Moove Cars, que busca poner en la calle 4.000 coches que operarán con distintas plataformas como Uber y Cabify en las calles. 

La de mañana será una vista oral, un trámite jurídico, que será la antesala para la decisión del Tribunal Supremo y que marcará el futuro del sector.