La ya imprescindible Wikipedia señala a la palabra paradoja como una idea extraña y opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. Algunas paradojas son razonamientos en apariencia válidos, que parten de premisas en apariencia verdaderas, pero que conducen a contradicciones o situaciones contrarias al sentido común.

El próximo 17 de abril la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Uber y Cabify escenificarán una nueva batalla de la ya polémica “guerra del taxi”, esta vez toga en ristre ante el Tribunal Supremo, en el primer litigio por Garantía de la Unidad de Mercado que pisa las alfombras de nuestro alto tribunal.

En el banco de la defensa el Gobierno de España, asistido de la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid y la Generalitat de Cataluña, y apoyado por la Federación Española del Taxi (FEDETAXI) defenderemos que el reglamento aprobado en 2015 es una norma garante de la política de transportes, de las competencias de ayuntamientos y CC.AA. y de la preservación de la necesaria armonización y equilibrio entre las modalidades de transporte en VTC y en servicio público de Taxi.

Lo que está en juego

También está en juego que la ordenación del tráfico y la apuesta por el transporte público en las grandes ciudades, la movilidad y sostenibilidad medioambiental, la reducción de la contaminación acústica y atmosférica, el uso racional del dominio público, la existencia de servicios universales regulados de transporte, modulables en precio y en sus condiciones de servicio por los consistorios, se dejen en manos de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos o en manos del libre mercado del que se proclama garante a la carta el todopoderoso organismo presidido por Marín Quemada.

La tesis sostenida por el súper regulador es que la actividad de los conocidos “coches negros” debe quedar exenta de cualquier tipo de restricciones en su número y a las condiciones en las que prestan su servicio en las ciudades (incluyendo permisos para paradas, uso de carriles reservados etc.) por ser contrarias a la libre competencia.

Aquí viene la premisa en apariencia verdadera: la liberalización y privatización de los servicios de movilidad los mejora y abarata.

Un modelo neoliberal

Para ello Marín Quemada enarbola la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), que el ex ministro De Guindos diseñó a su medida en 2013. La Biblia de la CNMC, una constitución económica neoliberal que busca imponer a la vigente legislación de los transportes, aprobada meses antes por el mismo Gobierno, obviando que tanto aquella como la transposición de la Directiva de Servicios dejaron expresamente al margen de sus mandamientos liberalizadores a los Taxis y las VTC, junto con farmacias y otros servicios de interés público.

En 2015 la entonces Ministra de Fomento, Ana Pastor, armonizó y equilibró los servicios de Taxis y VTC, permitiendo cierta proliferación de los segundos en un marco de protección del servicio público de los primeros.

Pero ni a Marín Quemada ni a las poderosas multinacionales les satisfizo aquello. Una entente cordial surgió entre regulador, gigante californiano y unicornio español para entregar todo el mercado de la movilidad a éstos y rematar la cruzada de Marín Quemada por privatizar el servicio público de los taxis que tanto estorba a los planes de Silicon Valley de inundar nuestras ciudades con sus “coches negros”, conducidos por falsos autónomos o trabajadores precarizados, comisionar eternamente por cada click de nuestros smartphones, y obtener ya de paso todo el big data de la movilidad, imprescindible paso para el advenimiento del coche o taxi autónomo.

Si las demandas de gigante y unicornio encuentran respaldo judicial, Marín Quemada y el súper regulador provocará la necesaria contradicción de su propia paradoja: se podría causar una situación anticompetitiva gracias a la Autoridad de Competencia consistente en que se permitirá competir a las VTC en mejores condiciones que a los taxis y se sustituirá el monopolio público por otro privativo de las tecnológicas.

La movilidad quedaría en manos de un duopolio de multinacionales mientras que las Administraciones Públicas se verían carentes de herramientas normativas para adoptar una política de movilidad armonizadora. O sea,  el interés público de los usuarios y la competencia perjudicados por su custodio, Marín Quemada.

No obstante, si el Tribunal Supremo concede la razón a Gobierno y taxistas, los ciudadanos podrán aspirar a mantener un servicio público más y una competencia leal y equilibrada entre taxis y VTC, garante de sus derechos y respetuosa con las competencias de comunidades y ayuntamientos.

Como parte en el litigio, FEDETAXI confía en la Justicia y en que esto no se produzca. En cualquier caso, como dice el brocardo “dura es la ley, pero es la ley”.

Emilio Domínguez del Valle es secretario técnico de FEDETAXI