El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, considera que ACS y Atlantia no tendrán "problema" en lograr la autorización del Gobierno para su operación de toma conjunta de Abertis en lo que a las autopistas de este grupo en España se refiere.
"No creo que haya problema cuando no lo ha habido antes", señaló el ministro durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, entre cuyos asistentes figuraba el presidente de ACS, Florentino Pérez.
De la Serna reiteró que la sociedad conjunta que ACS y Atlantia constituirán para controlar juntas Abertis deberá solicitar autorización al Gobierno para tomar las autopistas que esta compañía tiene en España, donde actualmente es primer operador de vías de pago con vías que suman unos 1.560 kilómetros, el 60% de la red total.
ACS y Atlantia ya solicitaron y lograron la preceptiva autorización administrativa para las ofertas unilaterales con la que pujaban por Abertis. Ahora, deberán volver a pedirla para su proyecto común para la compañía.
TRAMITE SENCILLO
No obstante, De la Serna indicó que se trata de un "trámite reglado y sencillo", con el que se trate de "garantizar la solvencia" de la sociedad que se quede con las autopistas, esto es, que se trata de una empresa "que gestione y mantenga las vías de forma adecuada y cumpla los criterios de calidad". "Y la solvencia de la sociedad está probada", apuntó el ministro.
Respecto al acuerdo logrado por ACS y Atlantia por el que dejaron de lado la 'guerra' de OPAs que mantuvieron durante meses, el ministro indicó que "siempre es mejor un acuerdo que una pugna".
No obstante, remarcó que "se trata de operaciones que se realizan al amparo del libre mercado ante las que el Gobierno tiene que realizar la pertinente autorización.
Pacto de Estado sobre los peajes
De la Serna se ha referido también a su intención de cerrar un acuerdo con las principales formaciones políticas sobre el futuro de las autopistas de peaje, pese a reconocer que el actual contexto no es mejor para la negociación.
"No me resisto a pensar que podemos alcanzar un acuerdo sobre un tema que supera los límites de una Legislatura", indicó el ministro.
Una media docena de vías de pago afrontan la caducidad del plazo de concesión. Entre ellas está la AP-1 Burgos-Armiñón, autopista actualmente en manos de Itínere, que vence el 30 de noviembre de este año.
En 2019 está previsto que termine el periodo de concesión del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, y el del la AP-4 Sevilla-Cádiz, y ya en 2021 culmina el trazado que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. La concesión de todas estas vías la tiene Abertis.
Fomento ratificó que no se prorrogará la concesión de estas vías. Cuando el Estado recupere el control será preciso decidir si se sacan de nuevo a concurso para que las empresas privadas las exploten -a cambio de peaje-, o se mantienen en la red de carreteras y, por tanto, libres de peaje.