Todo preparado para que el Gobierno blinde a los taxistas frente a la proliferación de licencias de alquiler con conductor VTC en los últimos años. Y de paso, evita que el Supremo pueda liberalizar el sector haciendo que la competencia se vuelva encarnizada, dando la posibilidad a que plataformas como Uber, según los taxistas, se hagan con el mercado.

Unos documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que todavía pueden sufrir modificaciones, a la espera de que el Consejo de Ministros pueda estudiarlo este viernes. Y es que, aunque se da por hecho que se va a aprobar, no hay una confirmación oficial por parte del Ministerio que dirige Iñigo de la Serna.

Los borradores con los que trabaja Fomento reconocen que

De ahí la imperante necesidad de convertir en rango de Ley algo que hasta ahora estaba tipificado en el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT): la norma del 1/30. O lo que es lo mismo, que como máximo puede haber una licencia de VTC por cada 30 de taxi. Algo que efectúa para “garantizar el equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte. Es decir, las VTC -licencias que utilizan Uber y Cabify- y las del taxi.

Así que, una vez superado ese umbral serán las Comunidades Autónomas las que tengan la potestad de “denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor”.

El Gobierno también recoge otra de las grandes reclamaciones del sector, y que está también puesto en tela de juicio por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el recurso de la última norma aprobada por el Ejecutivo: la

Y es que, a juicio del legislador, “los vehículos que desarrollen esa actividad deberán ser utilizados habitualmente en la prestación de servicios destinados a atender necesidades relacionadas con el territorio de la comunidad autónoma en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan.

Con estas dos cláusulas el Ejecutivo blinda al sector del Taxi, y lo protege de un hipotético fallo del Supremo favorable a las tesis de Uber y Cabify que buscan eliminar -el primero- y modificar -el segundo- los dos artículos anteriores. Es decir, los apartados 3 del artículo 181 y el 5 del 182 del ROTT que el Real Decreto del Gobierno deroga. Por tanto, ya no cabe opción de anularlos porque el objeto del pleito decae, según explican fuentes jurídicas.

Dado que el Gobierno recurre al Real Decreto necesita justificar la decisión de acudir a esta medida. Así que a los argumentos ya mencionados del aumento de licencias, Fomento también se refiere a que ese incremento de VTCs está perjudicando al sector del taxi que está “fuertemente regulado” produciendo “un enfrentamiento” entre los dos sectores profesionales y que “amenaza con tener repercusiones sobre los usuarios de los servicios”.

Aprovecha el departamento de De la Serna para

Un Real Decreto de tres páginas en el que, además, se modifica la redacción del artículo 9.1 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre para garantizar que  Conferencia Nacional de Transportes vele por “la mejora de la competitividad del sector de transporte de viajeros”. Una Conferencia que será convocada “de forma extraordinaria” por el Ministerio de Fomento para “analizar e identificar aquellos aspectos y medidas a nivel estatal y autonómico susceptibles de modificación para mejorar la competitividad, la competencia, la prestación del servicio y la coordinación” del Taxi y las VTC.

Un aluvión de licencias

De aprobarse así este borrador, el Gobierno recogería el guante de las asociaciones de taxistas, aunque también de forma indirecta a los propietarios de licencias VTC. En los últimos años el mercado de este tipo de permisos se ha convertido en un negocio que mueve miles de euros. De hecho, basta con fijarse en los últimos movimientos en los que el fondo de capital riesgo King Street Capital ha invertido en la compra de más de 2.000 licencias.

Una completa liberalización de un sector como el de las VTC haría que la cantidad de licencias se disparase. Sólo en Cataluña, según datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, hay solicitadas 8.000. Y en el último año y medio. Y pendientes desde el año 2015, cuando se aprueba el ROTT hay -sumando las últimas- 16.000 licencias, lo que supone que ya hay más peticiones que taxis. En el caso de la provincia de Valencia, se han solicitado otras 321 desde 2017. Esto haría que el precio del traspaso se hundiera, haciendo perder la inversión realizada hasta el momento.

Y eso que el mercado ya cuenta con que  hay otras 10.000 pendientes de resolución por parte de los Tribunales, que fueron solicitadas justo antes de que el Gobierno rehabilitara en 2015 el ratio de 1/30 tras la puesta en marcha de la Ley Ómnibus en 2009 durante la presidencia de Rodríguez Zapatero.

Ni siquiera la patronal de VTCs Unauto es partidaria de que se elimine el ratio de 1/30, y Cabify en la vista de esta semana ante el Supremo reclamaba una “actualización” a ratios que sean más acordes con la realidad, dejando sola a Uber en su defensa de la liberalización.

Veremos qué sucede, aunque lo que sí parece claro es que -ocurra lo que ocurra- habrá que esperar a conocer el texto publicado en el BOE para conocer si, de verdad, el Ejecutivo ha blindado o no al Taxi.