Recientes escándalos como el Dieselgate, los LuxLeaks, los papeles de Panamá o Cambridge Analytica han puesto de manifiesto que los delatores desempeñan un importante papel a la hora de destapar actos ilegales de empresas o administraciones públicas que dañan el interés público. Sin embargo, la protección ofrecida en la UE a estos chivatos, que sufren el riesgo de ser despedidos e incluso procesados judicialmente, es ahora mismo fragmentaria e insuficiente. Tras años de presiones de la Eurocámara y de ONGs, la Comisión Europea ha decidido pasar a la acción y ha propuesto este lunes una directiva para blindar a los denunciantes de irregularidades empresariales.

La nueva directiva obliga a todas las empresas de más de 50 empleados- o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros- a crear un procedimiento interno para gestionar estas denuncias de irregularidades. La nueva ley también se aplicará a todas las administraciones nacionales y regionales, así como a los municipios que tengan más de 10.000 habitantes. La norma no sólo cumbre a empleados sino también a autónomos y freelance, consultores, contratistas, proveedores, voluntarios o becarios. 

¿Servirá la directiva para proteger a Hervé Falciani? El antiguo empleado del banco HSBC ha sido condenado en Suiza por filtrar información privada que destapó los fraudes fiscales y blanqueos de más de 100.000 clientes de la entidad. Las autoridades helvéticas han pedido a España su extradición. El vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, ha dicho que no conoce los detalles del caso, pero ha dejado claro que los servicios financieros y el blanqueo de capitales sí están cubiertos por la norma.

Inversión de la carga de la prueba

Las autoridades y las empresas tendrán que responder y dar curso a las notificaciones de los delatores en un plazo máximo de tres meses. Si estos canales internos no funcionan, la directiva da cobertura a los denunciantes para acudir primero a las autoridades competentes y después a los medios de comunicación. Los denunciantes podrán acudir directamente a los medios "en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables".

La norma prohíbe y sanciona todas las formas de represalia contra los chivatos. Si el denunciante sufre estas represalias, deberá tener acceso a asesoramiento gratuito y a las vías de recurso adecuadas. Por ejemplo, medidas para atajar el acoso en el trabajo o prevenir el despido.

La carga de la prueba se invierte en estos casos, de forma que la empresa deberá demostrar que no se trata de una represalia contra el denunciante de irregularidades. Estos también recibirán protección en los procesos judiciales, especialmente mediante una exención de la responsabilidad por revelar información.

En la actualidad, sólo 10 países de la UE tienen una legislación global para proteger a los delatores. Se trata de Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido. En el resto de países de la UE, la protección es parcial: sólo cubre a los funcionarios o a algunos sectores.