La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) considera que habrá "estabilidad normativa" en materia de buen gobierno de las compañías cotizadas, aunque se realicen "pequeñas modificaciones" en algunos aspectos.

"En la CNMV pensamos que, aunque habrá que realizar pequeñas modificaciones en asuntos susceptibles de mejora, tenemos que pasar a una estabilidad normativa y permitir que las empresas mejoren ayudándolas a aplicar los cambios", ha señalado la vicepresidenta del supervisor, Ana María Martínez-Pina, en la apertura del tercer encuentro de consejeros convocado por el Instituto de Auditores Internos (IAI).

Precisamente, la CNMV va a aprobar una Circular por la que se modificarán los modelos de los informes sobre gobierno corporativo y remuneraciones de los consejeros que las empresas cotizadas están obligadas a remitir al supervisor.

En el encuentro -en el que también ha participado el presidente del IAI, Ernesto Martínez-, Ángel Pedro Domínguez, del Departamento de Informes Financieros y Corporativos de la CNMV, ha analizado las modificaciones que se realizarán en el Informe Anual sobre Remuneraciones del Consejo y el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Sobre el primero, se aclararán definiciones de los conceptos retributivos y se sistematizará el apartado sobre la política de remuneraciones de los consejeros para que se refleje de la forma más clara posible. La CNMV estudia incorporar como retribución del ejercicio los sistemas de ahorro a largo plazo, como jubilaciones o planes de previsión social.

En relación con el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el representante de la CNMV ha destacado que se tendrán en cuenta los instrumentos financieros que den derecho a los consejeros adquirir acciones y se incluirán los riesgos materializados durante el ejercicio. Las sociedades cotizadas han de explicar el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno.

Por su parte, el socio del despacho de abogados Uría Menédez Rafael Núnez ha abordado la reforma del Código Penal, en vigor desde julio de 2015, que aumenta las responsabilidades penales de los administradores y señala los elementos que debe contemplar un programa de 'compliance' en las empresas que ayude a prevenir las prácticas delictivas.