Renfe firmará el próximo mes de junio su nuevo contrato-programa con el Estado, el documento por el que la compañía ferroviaria recibe el encargo de explotar los servicios ferroviarios considerados públicos, los de Cercanías y Regionales, y cobra la correspondiente subvención pública.

Así lo adelantó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante su intervención en el pleno de debate de enmiendas de los Presupuestos en el Congreso.

La firma del nuevo contrato-programa tendrá así lugar seis meses después de que en diciembre de 2017 el Gobierno aprobara el nuevo listado de trenes considerados de servicio públicos, los que mayor número de viajeros transportan, que además supuso un aumento respecto a la relación que estaba vigente hasta entonces.

Contrato de 1.190 millones

En cuanto a las subvenciones, por el momento, y a expensas de firmar este documento, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 contemplan un pago de 1.190 millones de euros a Renfe por explotar estos servicios.

Se trata de líneas que no son rentables económicamente, pero sí socialmente y que, por ello, se mantienen y subvencionan para garantizar la movilidad de los viajeros, determinadas conexiones y la vertebración de distintos territorios.

No obstante, la firma del contrato-programa de Renfe marcará también la voluntad del Gobierno de que la compañía ferroviaria mantenga o no el monopolio en la prestación de estos servicios públicos una vez que el transporte de viajeros en tren se abra a la competencia en toda la UE a finales de 2020.

Año 2024

El eventual mantenimiento del monopolio de Renfe en estos servicios dependerá del periodo de vigencia para el que se firme el contrato programa y gracias a las posibilidades que otorga para ello las directivas comunitarias sobre la liberalización.

Así, estas normas europeas permiten que los distintos Estados puedan seguir encomendando directamente y sin competencia estos servicios públicos de Cercanías y Regionales convencionales al operador dominante de cada país, en el caso español a Renfe, hasta el año 2024.

Será a partir de ese año 2024 cuando ningún país pueda ya conceder los servicios públicos ferroviarios directamente a un operador. No obstante, a pesar de no poderse conceder, sí se permitirá su explotación, dado que la misma norma comunitaria contempla que hasta el mismo año 2023 se pueda conceder a un operador la prestación de Cercanías por un plazo de diez años, prorrogable por otros cinco.

Así, en el caso de que esta encomienda de explotación de servicios públicos a Renfe se ratificara el mismo año 2023 y se aplicara la prórroga, la prestación en monopolio de estos transportes ferroviarios se garantizaría hasta 2037.