El `secretismo¿ con el que se gestó la resolución del Popular es una de las principales quejas de los afectados, que han inundado de reclamaciones los tribunales españoles y europeos para sacar a luz una información crítica para sus defensas. Estos son los datos que, un año después, aún se desconocen del proceso que terminó con el sexto banco español en manos del Banco Santander.

1. ¿LIQUIDEZ O SOLVENCIA?

Una de las grandes incógnitas en torno a la operación reside en cómo un banco supuestamente solvente murió por problemas de liquidez. La versión oficial indica que la fuerte fuga de depósitos en los meses previos a la resolución dio la puntilla a esos problemas. Sin embargo, y según el acta del último consejo, el banco había reclamado una línea de liquidez de emergencia (ELA) antes de su repentino final.

El documento demuestra que el 4 de junio se habían enviado 15.400 millones de euros en colaterales al Banco de España. ¿Lo que no sabemos es qué hizo el supervisor para, desde las normas de Basilea III, facilitar las líneas de liquidez¿, indican fuentes consultadas, de las que el banco finalmente pudo disponer de tan solo 3.500 millones. ¿El 6 de junio a las 15:00 horas, Emilio Saracho informaba a su consejo que ya no disponía de más liquidez¿, recuerdan desde el despacho de abogados Navas & Cusí.

2. ¿HUBO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA?

Algunas voces apuntan a que la Administración pública fue uno de los grandes culpables de la fuga de depósitos del banco, al representar buena parte de la salida de depósitos en los meses y las semanas previas a la intervención. El acta del último consejo del banco reconoce que en 2017 los depósitos cayeron en 17.133 millones de euros, de los que 16.153 millones salieron en el segundo trimestre y, de esa cifra, 5.742 millones entre el 1 y el 2 de junio, un 33% del total. Según documentos de las reuniones previas a la resolución, en esta retirada influyó de forma muy notable la salida de los depósitos que organismos como Sareb y comunidades autónomas, además de grandes fondos de inversión tenían en la entidad.

3. DELOITTE: LA BASE DE LA INFORMACIÓN

La parte más oscura de todo el proceso está, sin duda, en el informe de valoración de Deloitte que supuestamente sirvió a la Junta Única de Resolución (JUR) como base para decidir la resolución del Popular. El fondo de rescate español explicaba el 7 de junio que, según la valoración de la consultora, el agujero del banco se situaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros. Una brecha demasiado amplia a juicio de los expertos, y que posteriormente quedaba en evidencia al conocerse que la firma, cuyo nombre no se dio a conocer en el primer momento, también había manejado una tercera valoración positiva de 1.500 millones de euros, que el FROB ocultó hasta el 30 de junio.

Ocho meses después, el 2 de febrero de 2018, la JUR hacía pública parte de esos informes, en los que el agujero contable del Popular se establecía en un rango de entre 11.800 millones de euros en el mejor de los escenarios, y de 20.600 millones en el peor.

Poco más aportaron estos documentos, plagados de `tachones¿ que ocultaban la información sensible para los reguladores y para los intereses comerciales del Santander y del Popular. Información clave también para las defensas en los procesos judiciales. De hecho, fuentes consultadas confirman que varios bufetes de abogados han solicitado a la JUR reuniones privadas para conocer esa información, a cambio de guardar la confidencialidad de la misma. Pero de momento, los encuentros no se están produciendo.

Los 305.000 afectados tampoco conocen aún el informe en el que, también Deloitte, debe establecer si habrían recibido un mejor trato mediante un proceso de insolvencia ordinario (una suspensión de pagos, por ejemplo). De ser así, Europa estaría obligada a indemnizarles. El documento, que debería haberse hecho público en diciembre de 2017, no ha salido todavía a la luz.

4. CUENTAS

La principal duda que pesa sobre estos informes es la mencionada brecha en la valoración del Popular. Sobre todo porque se sabe que el último presidente del Popular, Emilio Saracho, había advertido de errores contables desde, al menos, 2012. Así lo investiga también la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como confirmó el presidente del organismo, Sebastián Albella, el pasado12 de enero. Casi seis meses después, también se desconocen los avances en esta investigación.

Diversos despachos de abogados coinciden en que los grandes problemas del banco venían ya desde 2008, ¿cuando se concedió un volumen muy elevado de créditos a promotores quebrados que se acumularon y que aún no han aflorado¿. Así lo confirman también fuentes internas del Banco de España, coincidiendo con la opinión del ex director general del supervisor, Arístobulo de Juan, que se atrevió a poner fecha al inicio de los problemas del banco: julio de 2008, coincidiendo con el concurso de acreedores de Martinsa Fadesa.

5. QUÉ PASÓ CON LAS OPCIONES PRIVADAS

Si se echa la vista atrás, la transparencia también ha brillado por su ausencia en los criterios por los que se decidió adjudicar el Banco Popular al Santander, así como en la información sobre las alternativas privadas que existieron y que tal vez podrían haber garantizado un final menos traumático para el banco y sus inversores.

El 3 de junio, Barclays remitía una carta a Miguel Escrig, mano derecha de Saracho en Popular, en la que se comprometía a cubrir buena parte de una futura ampliación de capital de la entidad. Dos días después, Deutsche Bank hacía lo propio en otra carta dirigida al propio Saracho en la que mostraba su confianza en que una ampliación de capital podría salvar a la entidad. Y aquí otro punto clave. La firma asegura en su carta que ya había mantenido contacto con ¿grandes patrimonios, institucionales antiguos y nuevos del banco¿, que garantizarían un buen final de la ampliación. Sin embargo, la propia JUR admitió a principios de este año que ignoró sendas propuestas. 

Del mismo modo, y ante las dificultades por las que ya atravesaba el Popular en los meses previos a la intervención, entidades como BBVA habían mostrado su interés por la entidad. El banco presidido por Francisco González había estudiado hasta en dos ocasiones anteriores el balance del Popular, pero decidió mantenerse al margen ante el lastre del `ladrillo¿ y de los litigios que arrastraba la entidad.

Luego también se supo que el mismo 6 de junio, y ante el inicio del proceso de subasta de la entidad resuelta, BBVA remitía una carta al FROB en la que explicaba que ¿si se dispusiera de información suficiente que permita analizar debidamente la operación y se pudieran modificar las condiciones, BBVA sí estaría interesado en participar¿. Apenas un par de horas antes, la dirección del Popular había comunicado al BCE que el banco era inviable. El organismo ordenaba su resolución y la única oferta en firme sobre la mesa fue la del Banco Santander.

6. ¿UN MECANISMO PARA RESOLVER CRISIS?

Entre los afectados también existe cierta desazón al ver cómo el Banco Popular pasó en solo unas horas a ser inviable sin poder evitar la resolución con la búsqueda de algún otro tipo de alternativa privada o con una inyección de liquidez a tiempo como sucedió con el banco Monte dei Paschi en Italia. Se preguntan cómo el Banco de España, primero, y los mecanismos de supervisión europeos, después, no pudieron hacer nada más para atajar un problema que venía de lejos.

Y se quejan de ese doble rasero empleado entre los rescates acometidos con la banca italiana y la entidad española. El propio presidente de la AEB, José María Roldán, explicaba hace poco que ¿Europa debe avanzar en la coherencia de las estrategias de resolución¿. En el caso del Popular, defiende el hecho de que no se hayan utilizado recursos públicos, pero asegura que ¿lo que no puede ser es que las resoluciones en un país sean distintas a las de otro, porque eso sí puede tener impacto en las condiciones de financiación de las distintas entidades¿. Pero lo tiene claro: ¿La transparencia nunca va a ser plena porque puede haber información privada, y hay que preservar el interés comercial de los bancos¿.

De momento, ninguna de las partes implicadas, con el BCE, la JUR o el FROB al frente, parecen dispuestas a desvelar nueva información sobre el proceso. Solo las vías judiciales abiertas en España, Europa e incluso en la corte de arbitraje en EEUU podrían sacar a la luz los detalles de una operación única en Europa que terminó con el sexto banco español en manos del Santander en cuestión de horas.

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