De 40 euros a 30 céntimos: una década de desgaste en bolsa que ya anticipó la debacle del Popular

La mayor parte de ese tiempo, Popular estuvo dirigido por Ángel Ron, desde 2004 copresidente y desde 2006, presidente único, cuando la acción cotizaba en el entorno de los 33 euros, tras revalorizarse más de un 33 %.

En la primavera de 2007, antes del estallido de la crisis 'subprime' en Estados Unidos, los títulos del Popular llegaron a tocar máximos históricos por encima de los 39 euros.

No obstante, el agravamiento de la crisis financiera y económica tras la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008 hizo que Popular se hundiera ese año más de un 48 % en Bolsa -hasta los 6 euros-, un desplome en línea con las pérdidas de otras entidades como Santander o BBVA.

En aquel año, varias bancos de inversión y agencias de calificación ya alertaron de la elevada exposición al sector inmobiliario del Popular y el alza que registraba su morosidad. Pese a ello, el banco afrontaba "con tranquilidad" la crisis, gracias a su "elevada solvencia", y presumía de contar con una "abultada liquidez para sortear las dificultades".

Pero la intensidad de la crisis empezó a afectar duramente al sistema financiero español y el beneficio del Banco Popular se redujo casi un 30 % en 2009, cuando cayó un 16 % en bolsa.

En 2010, un 25 %, y en 2011, cuando anunció la compra sin ayudas públicas del Banco Pastor, que tampoco se caracterizaba por tener un balance especialmente saneado, retrocedió un 8 % más.

Su mayor castigo en bolsa estaba por llegar en 2012, cuando perdió casi el 70 % de su valor tras anunciar unas pérdidas de 2.461 millones después de dotar a provisiones más de 9.000 millones para cubrir su riesgo inmobiliario.

El Gobierno aprobó ese año dos reales decretos, conocidos en el argot como 'decretos Guindos', que obligaban al sector financiero a reconocer el deterioro por su exposición al ladrillo para lo que la consultora Oliver Wyman examinó los balances de las entidades.

Esas pruebas revelaron un déficit de capital de 3.223 millones para Popular, que decidió no pedir ayudas con el objetivo de seguir siendo independiente, evitó la entrada en su accionariado del Estado y optó por una ampliación de capital de 2.500 millones.

La operación no fue suficiente para convencer al mercado, ni siquiera su salto a México y la entrada en su accionariado del inversor mexicano Antonio del Valle en 2014, ya que la acción de Popular siguió perdiendo valor por las dudas sobre su futuro.

Más tarde se hicieron tan evidentes que el banco acabó anunciando en mayo de 2016 una nueva ampliación de capital por otros 2.500 millones de euros y presentó un plan estratégico con el que aspiraba a librase de 15.000 millones en activos improductivos antes de 2018.

Aunque la ampliación salió adelante, en gran medida por el apoyo de sus clientes, que incluso recibieron préstamos del banco para adquirir acciones, la acción se mantuvo en "caída libre", acosada también por los inversores bajistas.

Sólo en 2016 el banco se hundió el 66 %, lo que se tradujo en fuertes pérdidas para los accionistas, entre ellos, los que habían participado en la última ampliación.

La continúa pérdida de valor de la acción hizo que el consejo de administración forzara la salida de Ron a finales de ese año para dar paso en febrero de 2017 a Emilio Saracho, quien tampoco supo contener la "sangría" bursátil.

Ante la dificultad para encontrar un comprador dispuesto a quedarse con el Banco Popular y el temor a que la entidad volviera a apelar el mercado, la acción no dejaba de caer, acercándose cada vez más a cero y adelantando el fin de la entidad.

En la primera semana de junio, justo antes de su intervención, Popular llegó a perder de forma diaria más del 17 % en bolsa, hasta que el día 6 sus acciones cerraron en 0,317 euros y esa misma noche fue intervenido por Europa y vendido al Banco Santander. 

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