Telefónica ha presentado este lunes su segundo Manifiesto Digital -el primero fue en 2014- que recoge diferentes iniciativas para impulsar una Carta de Derechos Digitales que establece principios y reformas para conseguir una "digitalización centrada en las personas". Este manifiesto busca sentar las bases de una ciudadanía digital, que sea complementaria a la ciudadanía política.

En esta Carta de Derechos Digitales realiza una serie de propuestas para la reforma de políticas fiscales y sociales que fomenten la innovación en la educación, el empleo y la tributación, fomentar la conectividad para que nadie se quede atrás, modernizar los derechos y las políticas, apoyar el desarrollo de algoritmos responsables que eviten sesgos y mitigar así las nuevas desigualdades que pueden surgir a raíz de la digitalización.

En el prólogo de esa Carta de Derechos Digitales el presidente ejecutivo de Telefónica José María Álvarez-Pallete incide en la confianza en los datos, es decir, en la necesidad de que los usuarios conozcan sus datos y tengan el control absoluto sobre ellos para que sea el usuario el que decida cómo y cuándo deben ser utilizados.

Decálogo manifiesto digital Telefónica.

La importancia de la educación

“Solamente si se llega a este punto de transparencia y control por parte del usuario, veremos el potencial de los datos como impulsor de cambios sociales positivos que impactarán en ámbitos tan diversos como educación, transporte, salud o clima”, indica Álvarez-Pallete en el documento.

El segundo gran eje de estas políticas debe ser la Educación. Se vuelve a incidir en la necesidad de cooperación entre gobiernos, empresas e instituciones educativas para asegurar que la formación responda a las necesidades del mercado laboral futuro.

En 2055, casi la mitad de los puestos de trabajo actuales estarán automatizados, que el 90% de los empleos requerirán de un cierto nivel de capacitación digital y que el 65% de los niños de hoy desempeñarán trabajos que hoy todavía no existen.

Propuesta de "carácter humanista"

En esta línea, Telefónica propone establecer programas de formación que ayuden a trabajadores desplazados y aboga por diseñar acciones que fomenten la colaboración intersectorial para desarrollar nuevas formas de empleo.

Durante la presentación del manifiesto Pablo de Carvajal, Secretario General y del Consejo, Asuntos Públicos y Regulación, ha insistido en que “esta propuesta global de carácter humanista” es una base para el debate de estas cuestiones y para  generar un nuevo “pacto digital”, que no deje a nadie atrás y que ponga a las personas en el centro de las transformaciones tecnológicas.

De Carvajal ha dado las claves de esta nueva visión. En primer lugar, la digitalización debe ser un proceso inclusivo del que todos podamos participar; las políticas sociales y fiscales deben adaptarse a las sociedades digitales actuales; los usuarios deben conocer de forma trasparente sus datos y tener el control sobre cómo y cuándo utilizarlos; para la sostenibilidad de internet son necesarias plataformas globales de servicios digitales más responsables y comprometidas con el desarrollo social. finalmente, es necesaria una modernización de las políticas sociales y de los derechos de los ciudadanos en el mundo digital.

Proteger a la competencia

Esta Carta de Derechos Digitales deberá garantizar una digitalización centrada en las personas, de forma que los derechos de los ciudadanos se protejan tanto de manera offline como online, pero además fomentar un nuevo paradigma regulatorio que combine autorregulación, directrices políticas y una supervisión mejorada, basada en la regulación de actividades y no en la regulación de las propias entidades. Este último punto es un claro mensaje a los gobiernos nacionales y a la Unión Europea.

Para Telefónica se debe proteger además a las personas y a la competencia. Los mercados y las empresas necesitan innovar, mientras que las autoridades han de defender los valores establecidos y ser capacidad de intervenir de manera muy rápida para proteger a las personas y a la competencia, en caso de que sea necesario. Y en definitiva mejorar la cooperación global.  La operadora considera que los responsables políticos deberían buscar soluciones internacionales aplicadas a escala mundial para evitar la “interrupción del flujo transfronterizo de datos”.