“El gobierno está trabajando en sintonía con Europa para encontrar espacios fiscales nuevos para una sociedad del siglo XXI, no se trata de subir los impuestos a los ciudadanos”. Con estas breves palabras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto en guardia a todo el tejido empresarial del país.
A las empresas más grandes por su intención de subir el impuesto de sociedades, poniendo un tipo mínimo del 15%. Sin embargo, fuentes de Hacienda aseguran que todavía no está decidido si ese tipo será el elegido finalmente, todo dependerá de los números que hagan ahora los técnicos. A las tecnológicas porque el Gobierno de Sánchez sigue pensando en aplicar la llamada ‘tasa Google’ del 3% de los ingresos y, a los bancos, porque les va a aplicar un nuevo impuesto para pagar las pensiones.
El malestar era patente este jueves entre los principales directivos del país, especialmente en el sector financiero. “Un error garrafal” decía uno de ellos para explicar, a continuación, algo que ya se ha dicho por activa y por pasiva: se repercutirá en los ciudadanos, encarecerá el crédito y hará disminuir la rentabilidad de los bancos.
De hecho, un informe de UBS estima que las entidades con mayor exposición al negocio doméstico (Sabadell, Bankia y Caixabank) verán disminuir su beneficio en torno a un 10%; mientras que en el caso de Santander y BBVA lo verían reducido en torno a un 2% o 3%. Así que a la vista de ese informe ya hay quien dentro de la banca alerta: “los inversores no esperan, y si ven que hay dudas empezarán a vender el sector financiero español y se marcharán hacia otras zonas del mundo”, con lo que eso supondrá en términos de capitalización para la banca.
800 millones
Aunque en el sector se pongan la venda antes de la herida, otras voces piden esperar a ver la letra pequeña. Fuentes cercanas al Gobierno explican a EL ESPAÑOL que todavía no ha decidido de qué forma se va a implantar el impuesto a la banca; sin embargo, sí consideran “probable” que vaya en la línea planteada por el PSOE a principios de año.
La propuesta de impuesto a la banca que lanzaba entonces Pedro Sánchez era una imposición que toma como referencia la base tributaria del Impuesto de Sociedades, pero “en ningún caso” es un recargo ni una doble imposición sobre dicho impuesto. En aquel entonces, y sobre las cuentas de 2015, el PSOE calculaba recaudar unos 800 millones de euros con un tipo del 8%. Sin embargo, “no necesariamente debe ser ése”, explican fuentes próximas al PSOE, aunque “parece lógico que se trabaje sobre algo que se ha venido estudiando en el último año”, añaden.
El enfado del sector financiero con el ministerio de Hacienda es evidente, e incluso la ministra insistía en una entrevista en La Ser en que no espera que el sector reciba esta tasa “con agradecimiento”, aunque recordaba que debe verse como una manera de colaborar a solucionar el problema de recaudación de la Seguridad Social.
Sin embargo, buena parte del sector se viene preguntando qué sentido tiene imponer un impuesto finalista y, sobre todo, por qué debe ser la banca la que se ocupe de solucionar un problema estructural como es el de las pensiones; máxime cuando la recaudación estimada -hasta conocer el dato definitivo- no pasa de los 800 millones de euros.
Los peligros de ser más papistas que el papa con la Tasa Google
Una sensación muy similar es la que tiene el sector de las tecnológicas. Fuentes cercanas a Ametic y Adigital (las patronales) consideran que la intención de imponer un impuesto a la banca se trata de una maniobra previsible, y que tiene su origen en que los cálculos de lo que recaudará la llamada Tasa Google eran “irreales”, explican.
En todo caso, aunque compañías como Google siempre han dicho que están dispuestas a pagar más siempre que haya una negociación a escala OCDE, en el sector se conformarían con algo menos ambicioso y que al menos Europa avanzase unida en esto. “Creemos que es un error que España actúe de forma unilateral. Merkel se ha bajado del carro y Reino Unido también, pero aún quedan Francia, España, Italia y Portugal”, explican.
Esa misma línea es la que sostiene el principal interlocutor con Hacienda de las tecnológicas, José Luis Zimmerman, director general de Adigital, que se ha reunido varias veces con Hacienda sobre este tema. A su juicio, lo que pretende hacer el gobierno de Sánchez es aplicar un parche a la propuesta presentada en marzo por Bruselas, que ya era un parche de por sí.
“España no puede convertirse en una Irlanda pero al revés. ¿Cómo impactará a la economía que los marketplaces repercutan este impuesto a sus productos? Podemos encontrarnos con un problema para la competitividad si los productos vendidos desde España empiezan a ser más caros.
Del mismo modo, dado que todo esto, previsiblemente, supondrá un aumento de los costes de la publicidad en plataformas como Facebook y Google, es posible que una métrica clave para el comercio electrónico, el coste de adquisición de clientes, se dispare, provocando otro problema de competitividad frente a otras empresas europeas.
Habrá sorpresas
Lo que más preocupa, en todo caso, son los cambios que hará Sánchez a las propuestas europeas. Zimmerman espera que se mantenga el volumen de facturación global de la empresa de 750 millones, a partir de la que se aplicaría la tasa. Sin embargo, cree que el Gobierno hará cambios a nivel nacional.
La propuesta europea marcaba un umbral de 50 millones en la UE de ingresos por venta de publicidad digital, valor generado por los datos de los usuarios o intermediación en marketplaces. “Ése se va a adaptar al mercado español y veremos que afectará a muchas compañías. Hay compañías que no tienen ni la más remota idea de que les va a afectar, y les afectará”, explica Zimmerman.
Aunque no se conoce exactamente cuál será el dato, el responsable de Adigital cree que no sería disparatado que el umbral bajará por debajo de la mitad de lo establecido por Bruselas. Teme, concretamente, que llegue a afectar a las filiales españolas de colosos multinacionales de la publicidad como Carat o Contrapunto, que no están haciendo ninguna optimización fiscal. Incluso también algunas empresas globales de medios con usuarios en España.
Zimmerman también advirtió de la situación a la que se enfrentan empresas que tienen muchos ingresos pero que están en pérdidas o luchan para no tenerlas. Un caso paradigmático podría ser el de una de las pocas estrellas digitales globales europeas: Spotify.
Para el responsable de la patronal, España se enfrenta a la paradoja de tener una tasa sobre las actividades digitales durante años antes de que se implante en Europa, lastrando la competitividad de las empresas nacionales. Para colmo, como la propuesta de la Comisión Europea es, en sí misma temporal, hasta la creación del establecimiento permanente digital, “España va a lanzar una solución temporal sobre una solución temporal”.
No son optimistas, en todo caso, sobre la postura que vaya a adoptar el Gobierno y considera que la llamada Tasa Google no deja de ser “la escenificación del fracaso a la hora de encontrar un esquema para resolver esto a escala europea”.
Entre las tecnológicas también creen que las declaraciones de Pedro Sánchez hablando de impuestos finalistas son peliagudas. Otras tasas de ese tipo, como el céntimo sanitario, han sido consideradas ilegales y han terminado forzando la devolución de lo ingresado. Además, existe cierta preocupación técnica sobre cómo cobrar este impuesto sin generar un problema de doble imposición.
PNV, eres mi única esperanza
El debate está sobre la mesa. Ahora queda ver cómo define el Gobierno todos estos impuestos, dado que la intención de Montero es conseguir que entren en vigor en 2019, por lo que tendrán que ir al Parlamento en el último trimestre del año. Precisamente en esta cuestión inciden muchos de los directivos consultados por EL ESPAÑOL.
“¿Apoyará el PNV crear un impuesto a la banca, a las tecnológicas y subir Sociedades?” No es lo mismo respaldar un cambio de Gobierno o dar el apoyo a la renovación de RTVE que ir en contra de las empresas; y en eso el PNV es de derechas”, sentencian.
También desde Ciudadanos, Francisco de la Torre, se pregunta "por qué este Gobierno tiene esa imperiosa necesidad de recaudar cuando ha recibido las mejores cuentas desde 2007", explica en conversación con EL ESPAÑOL. Dice también que estas medidas no deberían anunciarse en los medios de comunicación, porque para eso está el Congreso, y ha solicitado también que haya "un poco de rigor técnico", porque se intenta decir que el impuesto a la banca y el de Sociedades no afecta a la competitividad y el crecimiento cuando es evidente que sí, señala.