“Desolador. Sin ánimo de llegar a un acuerdo y mintiendo”. Así describen los representantes sindicales de los tripulantes de cabina de Ryanair la actitud con que la aerolínea se ha presentado este martes al acto de mediación para tratar de impedir la huelga convocada para los próximos 25 y 26 de julio.

Minutos antes del medio día, la directora de Recursos Humanos de Ryanair, Lisa McCormack, escoltada por el abogado para España de la compañía, y tres asesores entraban en la sede del Servicio Interconfederalde Mediación y Arbitraje (SIMA). Su llegada ha sido una sorpresa para los sindicatos que allí les esperaban, Unión Sindical Obrera (USO) y Sitcpla, ya que después de meses tratando de llegar a un acuerdo con la aerolínea su actitud ha sido siempre cerrarse en banda a negociar y no esperaban ni que se presentaran.

Tras poco más de una hora de reunión, en la que los ánimos han ido caldeándose, han realizado un receso para abordar por separado con los representantes de ambas partes la posibilidad de un acercamiento en sus posiciones. “Están muy cerrados. Consideran que la huelga es ilegítima porque estamos en plena negociación”, señalaba a periodistas Antonio Escobar, de Sitcpla, durante el receso, subrayando la falta de conocimiento de la normativa española por parte de la aerolínea. En este descanso, los sindicatos ya tenían claro que no iban a sacar nada en claro de esta cita.

Para los sindicatos, la aerolínea ha dejado clara su postura: consideran que cumplen la legislación, vienen dispuestos a pelear y amenazan con imponer sanciones disciplinarias.

4.000 'azafatos' llamados a secundar la huelga

A la huelga están llamados alrededor de 4.000 de sus ‘azafatos’ en los cuatro países donde se realizará de forma simultánea: España, Portugal, Italia y Bélgica. Casi la mitad de ellos, 1.800 tripulantes, son españoles. Esta convocatoria coordinada pretende impedir que la irlandesa reviente la huelga como hizo en abril con los tripulantes portugueses al desplazar a personal español para cubrir las rutas afectadas.

Sólo en España se estima que el paro de 48 horas afectará a alrededor de 300.000 personas. La falta de iniciativa de Ryanair pone en manos del Ministerio de Fomento la fijación de los servicios mínimos para esos días. El sindicato USO afirma que no conocen bajo qué criterios se establecerán pero, teniendo en cuenta casos anteriores, ven posible que se de prioridad a las conexiones con Baleares y Canarias.

Sin acuerdo en el horizonte

Para los representantes sindicales, de la cita en el SIMA no iba a salir “ni un acuerdo de mínimos”. La guerra abierta en las filas de Ryanair tiene aún varias batallas por librar ya que, como explican desde USO, ni siquiera se ponen de acuerdo en “el campo en que jugar el partido”, es decir, la legislación que debe aplicarse a la relación laboral con sus trabajadores.

Sin embargo, el hecho de que la jefa de Recursos Humanos de la aerolínea haya estado en Madrid para esta mediación es ya una pequeña victoria. “Por primera vez están rindiendo cuentas, siendo escrutados. La tónica es que sean ellos los que exigen, los que citen a reunión en Dublín de uniforme a las 8 de la mañana”, asegura Escobar.

Más aún, para Ernesto Iglesias, responsable de sector aéreo de USO, este enfrentamiento supone un punto de inflexión en la relación de los trabajadores con la aerolínea. “Vamos a mostrar sus prácticas, sus presiones, para decirles que se acabó”, afirma rotundo.

Aunque no haya habido acuerdo, en USO no pierden la fe. Todavía hay tiempo para que la compañía tuerza el brazo y asuma el cambio que llevan más de nueve meses demandando.

Las demandas

Los tripulantes de cabina (TPC) reclaman que se reconozcan sus sindicatos a nivel nacional, como ya ha hecho Ryanair en Reino Unido e Italia, y una mejora de sus condiciones laborales. Denuncian que un 75% de la plantilla está contratada a través de empresas de trabajo temporal que la propia Ryanair tiene constituidas en Irlanda, carecen de un salario base y cobran sólo por las horas de vuelo efectivas -que son las que el avión pasa volando-, “lo que provoca una tremenda inseguridad e inestabilidad laboral.

Los sindicatos defienden que han actuado con buena fe, informando de la huelga con plazo necesario para planificar los servicios mínimos y que se afecte a la menor cantidad de pasajeros. Aún tienen que presentar la convocatoria formal de huelga, acto para el que tienen de plazo diez días naturales antes de la primera jornada de paro, es decir, hasta el 14 de julio.