El Taxi de Barcelona monta un 15M para forzar al Gobierno a echar de las calles a Uber y Cabify

El Taxi de Barcelona está dispuesto a defender su puesto de trabajo y "echar de las calles" a Uber y Cabify. El sector ha iniciado un paro indefinido hasta que las autoridades les den una solución que les permita lograr sus pretensiones que, básicamente, pasan por cambiar la Ley para que facilite que los Ayuntamientos puedan pedir una licencia urbana a los vehículos con licencia VTC, tal y como pretende hacer la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. 

El Ayuntamiento barcelonés aprobaba hace unas semanas un reglamento que fijaba ese permiso especial para circular por el municipio, pero también fijaba que la ratio que marca la Ley de Transportes de una VTC por cada 30 taxis se cumplía rigurosamente. Esto, en la práctica, supone dejar Barcelona con apenas 400 coches de Uber y Cabify. 

Esa normativa ha sido suspendida de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras el recurso de la patronal de VTC, pero también por Fomento y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así que para que pueda ponerse en marcha habrá que esperar a que se resuelva el caso. El principal motivo no es otro que los magistrados han rechazado las alegaciones presentadas hasta el momento para intentar que cambie de opinión.

Todo o nada

El miedo a perderlo todo entre los taxistas es altísimo. "Hemos hipotecado a nuestras familias para pagar las licencias", explica uno de ellos a EL ESPAÑOL. Licencias que pueden costar más de 120.000 euros, a lo que hay que sumar el coche; aunque es cierto que otros muchos son empleados de otros que se han endeudado. Sea como sea, hay temor a que en los próximos meses puedan entrar en Barcelona más de 3.000 VTCs que pondrían en jaque al Taxi. 

Es precisamente ese miedo a perderlo todo el que ha hecho que 'se tiren al monte'. Este viernes las calles de Barcelona vivían cortes de carreteras en los accesos al aeropuerto, barricadas, contenedores tirados, atascos provocados por los propios taxis circulando a velocidades anormalmente bajas, e incluso el bloqueo de la Gran Vía, que se va a mantener hasta no se sabe cuando. "Nos da igual todo", explica un portavoz de las asociaciones convocantes de los paros: Élite, ATC, Anget, TLU, PakTaxi y Stac.

El objetivo es forzar al Gobierno a que prepare un Decreto Ley que permita a los Ayuntamientos y a las Comunidades regular el sector de las VTC, con las que trabajan Uber y Cabify, lo que permitiría que el reglamento de Barcelona saliera adelante, y dejando sin efecto cualquier resolución que pudiera salir de los tribunales.

Sin respuesta

En concreto, el Taxi quiere que se modifique el artículo 91 de la Ley de Ordenación del Transporte, dando entrada a limitaciones locales o autonómicas; así como el artículo 182.2 del reglamento, eliminando la posibilidad de que puedan desarrollar servicios urbanos. Es decir, blindar el decreto de Ada Colau y abriendo la puerta a que otras ciudades hagan lo mismo. 

Desde Fomento, por ahora, prefieren no responder. Insisten en que es necesario apostar por un régimen equilibrado de convivencia entre el Taxi y las VTC, y se valora ya la posibilidad de transferir competencias a las Comunidades, siempre y cuando haya un respaldo mayoritario de los grupos del Congreso de los Diputados.

El Ministerio ha convocado para el 11 de septiembre una reunión del sector con las Autonomías y los principales Ayuntamientos del país, sin embargo, para eso queda mucho y los taxistas insisten en que el tiempo es oro, y que ya les han dado largas muchas veces. 

La tensión es máxima, y eso que Fomento daba este jueves un primer paso para acercar posturas retirando del TSJC su petición de medidas cautelares, no así el recurso contra la legislación del Ayuntamiento de Barcelona pues, en este momento, invade competencias del Estado, algo que no comparten las asociaciones convocantes de los paros en Barcelona. 

Las VTC callan 

Desde el sector de las VTC prefieren guardar silencio. El miércoles, cuando se celebró la primera jornada de paros de los taxistas de Barcelona, tuvieron que retirarse ante las agresiones que habían padecido. Volvieron a trabajar el jueves con cierta normalidad, y durante el viernes las cosas no han mejorado mucho. Al margen del colapso al que han sometido los taxis al Aeropuerto de El Prat y el Puerto, algunos han intentado boicotear el trabajo de Uber y Cabify.

Durante todo el viernes se han venido registrando incidentes, unos más graves que otros, pero todos con el mismo objetivo: sacarlos de las calles. De hecho, desde la patronal de VTC, Unauto, aseguran que siguen de cerca la situación para evitar problemas y mantener la seguridad de clientes y pasajeros. Sin embargo, las imágenes que se han visto también han sido duras, como en el aeropuerto de El Prat en donde han volcado un coche. 

Los taxistas de Barcelona llevan semanas recibiendo el apoyo de organizaciones de toda España, y su ejemplo parece que empieza a cundir en otras ciudades como Madrid. Durante unas horas el aeropuerto de Barajas, la estación de Chamartín y la estación Sur de autobuses no han tenido servicio de taxi. También en las calles de la capital se han registrado incidentes, e incluso whatsapp internos de conductores de Uber y Cabify alertan a los compañeros de que algunos radicales van "a salir a patrullar" por la noche, es decir, a buscar VTCs con el objetivo de evitar que puedan seguir trabajando. 

Los taxistas de la capital también tienen quejas contra los coches de Uber y Cabify, incluso parece que en Barajas hubo algún altercado y un vehículo de VTC habría atropellado a un taxista durante una de las protestas que estaban efectuando.

En Málaga también se han registrado paros durante este viernes y este mismo sábado podrían decidir ir a la huelga. Además, en Sevilla también han habido protestas y los taxistas hicieron sonar el claxon de sus vehículos durante toda la jornada del viernes.

La situación es muy compleja y no parece que tenga solución a corto plazo. Ni siquiera han servido las palabras de Ada Colau que en la tarde del viernes se veía las caras con los convocantes, a los que les pedía serenidad. Sin embargo, las asociaciones ya habían dicho que "no se responsabilizaban" de lo que pudiera ocurrir y que el máximo responsable de todo sería el Ministerio de Fomento.