La Generalitat se prepara para regular Uber y Cabify desde septiembre

La Generalitat de Cataluña ya tiene clara su postura ante la reunión con el Gobierno para tratar de poner fin a la 'guerra del Taxi': dará el 'sí' a recibir las competencias en materia de VTC.

No sólo eso, sino que también está dispuesta a permitir que el Ayuntamiento de Barcelona pueda crear la licencia urbana que regule a Uber y Cabify en sus calles. 

Según confirman fuentes del sector a EL ESPAÑOL, la idea del Ejecutivo de Quim Torra es poner en marcha un registro de VTCs a partir del 1 de septiembre. Es decir, habilitarían una página web en la que se obligará a inscribir todos los coches de Uber y Cabify y en la que tendrán que registrar todos y cada uno de los viajes que hagan. 

Ese registro será automático y pondrá en conocimiento de las autoridades toda la información del servicio, lo que facilitará las inspecciones a los vehículos y comprobar si cumplen o no con la regulación. 

Moratoria de licencias 

Además, según explican estas mismas fuentes, el equipo de Torra está dispuesto a poner en marcha una moratoria de dos años a la concesión de licencias VTC. Es decir, que en ese período de tiempo no se podrán otorgar nuevos permisos. 

Con esa decisión de otorgar una moratoria, que podría afectar también a la venta de licencias, se pretende evitar que se soliciten permisos de VTC con afán meramente especulativo. Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo catalán tiene pendientes la concesión de casi 4.000 nuevas licencias de este tipo de vehículos. 

Será este martes, a partir de las cuatro de la tarde, cuando el sector del Taxi de Barcelona conozca estas medidas en la asamblea en la que decidirán si aplican o no nuevos servicios mínimos. 

Todas estas medidas estaban contempladas en un decreto que puso en marcha la Generalitat el año pasado y que fue recurrido por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, parece que tras la reunión de este lunes entre el Taxi y el Ministerio de Fomento la postura puede suavizarse, máxime porque el recurso y posterior suspensión se basaban en la invasión de competencias, algo que quedaría resuelto con los cambios normativos que prepara el Ejecutivo para solventar la'guerra del Taxi'.