El Gobierno no podrá transferir las competencias en VTC a las comunidades

La utilización de un Decreto Ley por parte del Gobierno para transferir las competencias en las licencias de vehículos con conductor (VTC), las que utilizan compañías como Uber y Cabify, a las comunidades autónomas "no es procedente" con los imperativos constitucionales.

Así lo defiende el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado, uno de los expertos que ha participado en la elaboración de un informe que el sector de las VTC, representado por Unauto, ha presentado este martes al Ministerio de Fomento.

La idea de llevar a cabo una transferencia de competencias forma parte del conjunto de medidas propuestas por Fomento ante el conflicto que comenzó la pasada semana en el sector del taxi, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo de Cataluña que invalidaba una ley del Ayuntamiento de Barcelona para limitar las VTC a una sola licencia por cada 30 de taxi.

No obstante, según Muñoz, la utilización de un Decreto Ley, que es la forma que podría adoptar el Gobierno en un próximo Consejo de Ministros, para transferir las competencias en la disposición de estas licencias a las comunidades y entidades locales, "afectaría al orden de las competencias de las autonomías".

Esta jurisdicción no figura en los estatutos de autonomía de las regiones españolas y, por lo tanto, su activación no depende de que hagan propuestas a las comisiones sectoriales y bilaterales de transferencias. Por el contrario, se precisa una Ley orgánica, de conformidad con el artículo 150.2 de las Constitución, lo cual requiere la conformidad de todas las comunidades autónomas de aceptar esas competencias.

Además, la posibilidad de someter con carácter general las VTC a una doble autorización, una con validez en todo el Estado y otra de carácter territorial, "vulneraría frontalmente" lo establecido en la Directiva de Servicios de 2016 y la Ley de Garantía de la unidad de mercado de 2013, entre otras leyes, argumenta.

LA RATIO DE 1/30 SE HA CUMPLIDO

Por otra parte, considera que "no es posible" la suspensión de las licencias a los conductores de Uber y Cabify "por razones de mera oportunidad", pero estima que, en caso de llevarse a cabo, debería ser "necesariamente compensada económicamente".

Esta paralización de las licencias para cumplir con la ley de 1990 de una sola VTC por cada 30 de taxi sí tendría sentido, pero actualmente, según Múñoz, no se ha incumplido esta proporción en los momentos en los que el reglamento ha estado vigente.

El problema surge cuando, en 2009, el Gobierno de Rodríguez Zapatero modificó la Ley anterior en pro de una liberalización de las licencias, por lo que se concedieron más de las estipuladas por el anterior reglamento.

Este periodo de liberalización se extendió hasta el año 2015, cuando las limitaciones se volvieron a reponer. Por lo tanto, en el momento actual, debido al auge de las VTC durante esos siete años, el equilibrio se ha roto, de forma que hasta el propio Gobierno ha admitido que la proporción actual en varios ciudades podría llegar a una licencia VTC por cada siete de taxi.

Sin embargo, tal y como recuerda el catedrático, la ley no se ha infringido en ningún momento, ya que desde el año 2015 las nuevas licencias han ido encaminadas a cumplir con el objetivo.