El sector de las VTC se muestra convencido de la solvencia de su modelo de negocio y estima que podrá crear 25.000 puestos de trabajo en los próximos dos años. Una cifra de empleos que se sumarían a los 15.000 que ya han creado, y a los que habría que sumarle todos los indirectos que se generarían para el mantenimiento de los vehículos.

Se trata de las estimaciones que la patronal, Unauto, ha hecho de cara a futuro en tanto en cuanto “no se altere el actual marco regulatorio mediante la expropiación” de sus licencias. Así lo reflejan en una carta que han enviado a la Ministra de Empleo, Magdalena Valerio, a quien ruegan "que estudie la situación” que vive el sector durante estos días de huelga de taxistas, violencia incluida.

La misiva, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, destaca también que “el taxi reclama de forma inaudita” que se expropien las licencias VTC que ya han sido otorgadas o que son reconocidas por los tribunales. Todo con el objetivo de que se cumpla el ratio de una VTC por cada treinta taxis. Así que, ante las intenciones del Gobierno de ceder a la presión de los taxistas, desde la patronal que engloba a Uber y Cabify explican a Valerio que “eliminarlos por la vía de exigir autorizaciones locales adicionales infringiría el derecho a la tutela judicial efectiva” que se recoge en la Constitución.

¿Cómo conseguir entonces la ratio del 1/30? Pues, según se puede leer en la carta, de una forma muy sencilla que ayudaría a la creación de más puestos de trabajo: "incrementando el número de licencias de Taxi” que hay en España.

Para justificar su propuesta tiran de datos. Según explican a la Ministra, en España el número de taxis “ha descendido” al pasar de 72.100 licencias en 1994 a las cerca de 70.000 que hay en este momento, según datos de Fomento. Ese descenso se produce, explican, pese a que el PÎB ha crecido un 40% en este tiempo; el tráfico de los aeropuertos se ha multiplicado por tres; el turismo se ha duplicado y la población española ha crecido un 18%.

Nueva estrategia

Esta carta se enmarca en un cambio de estrategia por parte de Unauto, con la que esperan influir en la postura del Gobierno a la hora de resolver la guerra entre taxis y VTC. Piden a la ministra de Trabajo que en las reuniones en las que el Ejecutivo estudie este asunto se “tome en consideración” a los trabajadores del sector, y se “evite la pérdida de empleo a los que abocaría cualquier decisión de limitar la prestación de VTC en las principales áreas urbanas”.

Aunque aparentemente existe una cierta tranquilidad en el sector de las VTC tras la reunión mantenida con el Ministerio de Fomento este martes, todavía no tienen todas consigo de que el Taxi no vaya a salir favorecido de los cambios legislativos que se avecinan. De ahí que en el encuentro con el Secretario de Estado, Pedro Saura, se propusiera la creación de una comisión de trabajo entre Gobierno, VTC y Taxi, aunque el guante -por ahora- no ha sido recogido por el Ejecutivo.

Está por ver cuál es la hoja de ruta definitiva que plantea el Gobierno, aunque el viernes en el Consejo de Ministros podríamos ver un avance en la declaración que hará en favor del Taxi. Además, este miércoles se reúne el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con las comunidades autónomas para intentar avanzar en la cesión de las competencias de VTC.

Las autonomías dudan

Será una cita clave, dado que sabremos exactamente la postura de las autonomías, ya que hay muchas que no tienen claro si quieren o no recibirlas. Salvo Cataluña, que ya prepara su llegada, el resto están expectantes ante lo que pueda ocurrir. Muchas de las Comunidades prefieren esperar a conocer la letra pequeña, mientras que otras temen que el Ejecutivo intente ‘dar una patada hacia adelante’ para que sean ellas las que solventen la guerra entre taxis y VTC.

Mientras tanto los taxistas siguen en la calle. Barcelona y Madrid seguirán en huelga y concentrados, al menos, hasta que termine esa reunión entre Gobierno y Comunidades. También en otras ciudades como Valencia, Zaragoza, Sevilla o Logroño, continúan los paros de los taxistas. No quieren retirarse y volver al trabajo hasta comprobar qué dicen los Ejecutivos autonómicos.