El representante del grupo de grandes fondos tenedores de bonos de Banco Popular y socio director del despacho Quinn Emanuel, Richard East, ha asegurado estar "decepcionado pero no sorprendido" con las conclusiones del informe, criticando que "no son realistas".

Así lo ha dicho East, que representa a bonistas como Pimco, Anchorage o Algebris, después de que este lunes la Junta Única de Resolución (JUR) decidiera de forma preliminar no compensar a los accionistas ni acreedores que perdieron sus inversiones tras la resolución y posterior venta por un euro del banco entonces presidido por Emilio Saracho al Banco Santander.

"Estamos decepcionados, pero no sorprendidos, por las conclusiones del informe, que no son realistas. Revisaremos las supuestas bases utilizadas para llegar a tales conclusiones", ha dicho el representante legal de los bonistas.

Elección de Deloitte

Al mismo tiempo, ha indicado que la decisión de la Unión Europea (UE) de contratar a la misma firma auditora para hacer tanto informe preliminar de hace un año y ahora el definitivo, hace "dudar" sobre la credibilidad del documento final.

"La JUR podría haber elegido cualquiera de las otras firmas auditorias para hacer el análisis en profundidad con un enfoque no contaminado", ha precisado. Para East y los bonistas afectados, la JUR ha fallado en su deber de realizar un análisis "independiente y distinto" al haber elegido otra vez a Deloitte.

El organismo presidido por la alemana Ekle König decidió este lunes de forma preliminar, sobre la base de las conclusiones del informe 'Valoración 3', que no tiene intención de pagar una compensación a antiguos accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la decisión de resolución.

Tres escenarios alternativos

En este nuevo documento, la consultora considera tres escenarios alternativos (18 meses, 3 años y 7 años) de cara a la liquidación mediante un procedimiento de insolvencia ordinario. El informe destaca que, en cualquiera de los tres escenarios, las pérdidas para los acreedores de Popular hubieran sido mucho mayores que en resolución y los clientes, incluidos depositantes, que no se vieron afectados por las medidas de resolución, también habrían sufrido pérdidas

El escenario de 18 meses, incluido en el informe y que refleja la Ley concursal española, es considerado altamente improbable por Deloitte. Las pérdidas para los acreedores ordinarios en este escenario se situarían entre 8.000 y 14.000 millones de euros. El escenario de tres años, considerado por Deloitte como el período mínimo para liquidar activos de una manera eficiente, daría como resultado unas pérdidas para los acreedores ordinarios de entre 5.800 y 11.500 millones.

2.000 millones de pérdidas reales

El escenario de siete años, que representa una reestructuración de los activos a mayor plazo con el fin de obtener tasas de recuperación más altas, todavía daría como resultado unas pérdidas para los acreedores ordinarios de entre 3.300 y 8.500 millones. En el caso de los acreedores subordinados, Deloitte prevé pérdidas de 10.800 millones en los tres supuestos y 9.400 millones de capital y reservas. Recordemos que las pérdidas de los acreedores alcanzaron los 2.000 millones y 9.400 millones en capital y reservas tras la actuación de la JUR en el Popular.