Alquilar en las grandes ciudades se convierte en todo un problema.

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Espaldarazo al alquiler turístico: la CNMC impugna las restricciones de Madrid

  • El regulador de la competencia también ha impugnado las normativas impuestas en Bilbao y San Sebastián.
  • Los ayuntamientos intentaron regular la actividad de plataformas como Airbnb ante la masiva llegada de turistas y las quejas de turoperadores.
7 agosto, 2018 12:14

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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha acordado impugnar la reciente normativa urbanística municipal de Madrid, Bilbao y San Sebastián, al considerar que las normas de estos ayuntamientos son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, y perjudican a los consumidores y usuarios.

El regulador cuestiona la serie de obstáculos que estos ayuntamientos imponen para la concesión de nuevas licencias como la restricción en determinados distritos y en las características de las viviendas. Competencia cree que estas normas provocarán precios más elevados en el alojamiento turístico y reducirán la calidad, la inversión y la innovación.

La CNMC indica que antes de la impugnación, envió requerimientos previos a los tres ayuntamientos afectados para que justificaran la necesidad y la proporcionalidad de una serie restricciones impuestas a la hora de alquilar apartamentos y viviendas turísticas, o para que, directamente, anularan esos requisitos.

Restricción en determinados distritos

De esta forma, la CNMC pretendía evitar tener que recurrir las normas ante los tribunales. Sin embargo, al no haber sido contestados satisfactoriamente, la CNMC ha presentado el correspondiente recurso contencioso-administrativo.

En el caso de Madrid, la norma del Ayuntamiento exige una licencia para poder alquilar apartamentos y viviendas turísticas. Por otro lado, establece un periodo de un año, ampliable a otro más, hasta que se puedan otorgar de nuevo licencias en determinados distritos de la capital: en el distrito Centro, para toda clase de hospedaje, y en Palos de Moguer, Recoletos, Goya, Trafalgar y Argüelles para viviendas de uso turístico.

En el caso de Bilbao, solo pueden ser viviendas de uso turístico las plantas bajas o primeras de los inmuebles, salvo que tengan acceso independiente a la calle. Además, se exige autorización y registro para las viviendas de uso turístico y límites para las mismas. También se incluyen otros obstáculos, como exigencias de oferta máxima de tres habitaciones por vivienda y limitación a edificios de uso residencial.

"No protegen a los ciudadanos"

En el caso de San Sebastián, la normativa limita también las viviendas de uso turístico a las plantas bajas o primeras de los inmuebles salvo que tengan acceso independiente a la calle. Además, la normativa prohíbe nuevas viviendas turísticas en algunas zonas del centro de la ciudad.

Según la CNMC, todas estas medidas tienen efectos restrictivos sobre la competencia en las tres ciudades, al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los oferentes de alojamientos turísticos ya instalados. Ello provocará precios más elevados en el alojamiento turístico y reducirá la calidad, la inversión y la innovación en los alojamientos turísticos de estas tres ciudades.

La CNMC considera que estas medidas no garantizan una mayor calidad de los alojamientos turísticos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos. En ninguno de los tres casos se especifican con claridad los objetivos de interés general que se persiguen ni se justifica que las medidas elegidas sean las más idóneas para lograrlos.

Los tribunales deberán decidir

La CNMC puede impugnar ante los Tribunales de Justicia las disposiciones generales con rango inferior a Ley y que presenten obstáculos para que exista una competencia efectiva en el mercado, tal como establece el artículo 5.4 de la Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En este caso, se abre un procedimiento legal en que los tribunales deberán decidir si se pueden aplicar estas restricciones impuestas por el ayuntamientos. Estas normativas han constituido la respuesta de estos municipios para un fenómeno que, en su opinión, había encarecido el servicio de alquiler tradicional y que había empeorado la calidad de vida de los propietarios de viviendas en las zonas más turísticas.