La sociedad IC destaca en un comunicado que el pasado 21 de agosto presentó un requerimiento notarial solicitando la celebración de esta junta extraordinaria, sin haber recibido "respuesta concreta" ante el temor a una futura nueva dilución de su participación, que actualmente representa el 3% del capital de Abengoa.

Según señala la sociedad, el objetivo de la celebración de esta junta sería debatir y adoptar soluciones con respecto a la comunicación realizada en julio por Bolsas y Mercados Españoles (BME) que provocaría una dilución del 90% en las acciones de Abengoa, "con un grave perjuicio para los inversores".

El próximo 28 de septiembre entraría en vigor esta norma que implica la modificación del precio mínimo de cotización de los valores negociados en el mercado continuo a 0,001 euros, respecto del valor de 0,01 euros vigente hasta la fecha.

IC subraya que esto aumenta la preocupación entre los accionistas minoritarios, debido a que la medida representaría una dilución de la acción del 90% que, sumada a la dilución del 95% ya sufrida en 2016 durante el proceso de restructuración, "supondría en la práctica la desaparición total de las inversiones realizadas".

Así, considera de "máxima importancia" poder discutir con el consejo de administración de Abengoa esta medida y sus consecuencias, por lo que la celebración de una junta extraordinaria antes del 28 de septiembre hubiera sido "clave para defender el valor de la acción y frenar una nueva oleada de especulación de fondos de inversión y otras entidades que supondría el fin de nuestra inversión en la sociedad".

RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA PATRIMONIAL

Además, advierte que de no celebrarse la junta y si no se adopta una solución, el órgano rector de la compañía "sería responsable de la pérdida patrimonial que esta medida de BME pudiera ocasionar en el valor de la acción".

El acuerdo de reestructuración de Abengoa, alcanzado en 2016 y que permitió a la compañía esquivar la amenaza del que hubiera sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, supuso una quita del 97%.

Así, los entonces accionistas de la empresa mantuvieron un máximo del 5% de la 'nueva Abengoa'. Inversión Corporativa, que poseía más de un 50% del capital, vio reducida su participación al entorno del 2,5%.