Cabify está entendiendo que la vida de un unicornio no es fácil y menos en un país como España, tan poco acostumbrado a albergar criaturas tan especiales. Además de lidiar con la complejidad intrínseca que conlleva el crecimiento exponencial que están consiguiendo o las diferencias operativas y administrativas de 130 ciudades en las que actualmente opera, tienen que enfrentarse con externalidades difíciles de controlar.

Empresas rivales e incluso partidos políticos como Unidos Podemos acusan a Cabify de desviar parte de su tributación fuera de España. La compañía argumenta que, actualmente, el 100% de lo facturado en España se declara a las arcas del Estado sin ningún tipo de ingeniería fiscal por detrás. Una circunstancia que hace que, entre Cabify y las empresa de VTC que operan sus trayectos, ya paguen impuestos en España por un valor cercano a los 45 millones de euros.

Según algunas estimaciones, el conjunto del sector del taxi aportaría anualmente unos 60 millones de euros en impuestos en nuestro país. Según las previsiones de Cabify, durante el ejercicio 2019 entre aportaciones a la seguridad social, IVA e impuestos de sociedades, la empresa y las compañías de VTC superarán a toda la industria del taxi en lo que a pago de impuestos en España se refiere.

A vueltas con Delaware

Pese a estas cifras, la estructura societaria de Cabify sigue alentando suspicacias. El 100% de las acciones de la empresa española son propiedad de una sociedad radicada en el polémico estado de Delaware, en Estados Unidos.

Ante esto desde la empresa de movilidad explican que el objetivo de su presencia en Delaware tiene que ver, exclusivamente, con su necesidad de captar capital de fondos de inversión de todo el mundo para mantener su crecimiento exponencial.

Cabify cuenta actualmente con más de 300 inversores internacionales que se reparten las acciones de su empresa estadounidense. En el caso de que esta empresa estuviera radicada en España, en cada ampliación de capital, los 300 inversores o sus representantes deberían coincidir en una notaría española y realizar la firma de una ampliación de capital.

Al estar en Delaware, esta misma operación puede solucionarse con un PDF firmado por cada uno de los socios de la compañía. Un trámite que, gracias a la flexibilidad del sistema estadounidense, no lleva más de una hora frente a la complejidad operativa que supone hacerlo en España.

La oferta que nunca existió

Como es común en este tipo de las empresas de base tecnológica, los rumores de supuestas compras, van apareciendo cada cierto tiempo. Fuentes de la compañía no dudaron en confirmar la información que EL ESPAÑOL publicó el pasado 6 de julio: En ningún momento recibieron una oferta en firme de compra por parte de Lyft.

Un rumor que desde la compañía consideran se originó desde actores externos a la empresa, que confundieron conversaciones, que regularmente mantiene la compañía de movilidad española con otras compañías del sector, con una oferta en firme.

Se cuentan con los dedos de una mano las empresas que están impactando de la manera que lo está haciendo Cabify en la movilidad de las ciudades. Esto hace que sea muy habitual que, a pesar de competir en algunos mercados, sea muy habitual que compartan experiencias con otras empresas de su sector para aunar fuerzas o aumentar su impacto en los usuarios.

Equilibrio de poder en el consejo de administración

Después de la última ronda de inversión que valoró la compañía en más de 1.000 millones de euros, los 300 inversores de Cabify, con el fondo Seaya Ventures, dirigido por Beatriz González, y la compañía japonesa Rakuten a la cabeza, controlan el 75% del accionariado de la empresa. El 25% restante está en manos del equipo directivo y los trabajadores.

Esta minoría accionarial no se refleja en los órganos de control de la empresa. De los cinco asientos del consejo de administración de la compañía, dos corresponden a los trabajadores de Cabify, uno a Seaya Ventures, otro a Rakuten y un último a Naval Ravikant, CEO de Angellist, totalmente alineado con los representantes de los trabajadores de la compañía.

Unos accionistas que siguen un objetivo a medio plazo: La salida a bolsa de la compañía en los próximos 18 meses. Un horizonte situado entre finales de 2019 y principios de 2020 y cuya intención es colocar una cifra significativa de acciones (más del 5%) en el parqué madrileño. Un evento de liquidez dirigido a llevar la compañía a otro nivel y, de la misma manera, premiar a inversores que llevan desde 2011 financiando la empresa.

Mesa de negociación con Gobierno y taxistas

Lejos de bajar el nivel de presión, los próximos meses se presentan decisivos para el futuro de Cabify en España. La inminente decisión del Gobierno sobre la regulación de las licencias VTC puede suponer un antes y un después para la empresa y sus planes de expansión.

Ante esta situación, representantes de la empresa llevan meses intentando, sin éxito, concretar una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El objetivo de Cabify es poner en marcha una mesa de negociaciones en la que estén presentes el Gobierno, representantes de las asociaciones de taxi, representantes de las asociaciones de VTC y la propia Cabify para crear un nuevo marco regulatorio.

Esta experiencia no es nueva para Cabify, ya que ha participado en iniciativas similares en otros países de las que salieron nuevas regulaciones. Una iniciativa que, pese a la negativa del actual ejecutivo, desde Cabify aún confían en poder reproducir en España.