Durante su comparecencia ante la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate a la banca, Álvarez ha explicado que para futuras resoluciones podría ser conveniente que hubiera un prestamista de último recurso para que diera tiempo a tener más información y atraer a un mayor número de oferentes.

La resolución del Banco Popular fue lógica en términos económicos, se ajustó a la legalidad y fue una solución óptima, según Álvarez, para quien de no aplicarse este mecanismo se hubiera resentido la estabilidad del sistema financiero.

En su opinión, se puede abrir un debate sobre hasta qué punto es mejorable la cadencia entre intervención temprana y la resolución, porque no es fácil determinar cuándo una entidad pasa de una fase a otra.

"Nadie puede creer de forma seria en teorías conspiratorias", ha afirmado, en respuesta a los grupos parlamentarios. "No podemos entregar ninguna oferta privada porque no la ha habido, todo es público".

El proceso del Popular -ha asegurado- fue público y la causa que lo motivó fue la pérdida de confianza de los clientes, un proceso de degeneración a lo largo del tiempo que ya venían señalando los analistas.

También ha afirmado que el Santander está dando miles de documentos al juez que lleva el caso, pero hay datos de clientes individuales y de empresas que, salvo petición expresa del magistrado, no pueden dar.

El consejero delegado ha defendido que no es riguroso decir que el Santander se adjudicó el Popular por un euro, porque al día siguiente acudió al mercado a pedir 7.000 millones de euros e inyectó 13.000 millones para que el Popular pudiera seguir funcionando, lo que muestra la importancia de que haya bancos grandes, con suficiente "músculo" para abordar operaciones de este tipo.

Finalmente, ha señalado que el Santander espera un retorno del 13-14% sobre los 7.000 millones de inversión, lo que hará que el negocio del Popular gane en torno a los 900 millones de euros.