El Taxi de Baleares renuncia a montar su ‘marca blanca’ contra Uber y Cabify

Los taxis de Baleares han renunciado a crear una ‘marca blanca’ que compita con Uber y Cabify en las Islas. La Federación Independiente del Taxi, liderada por Gabriel Moragues, ha retirado la solicitud de 700 VTC que había hecho a la administración Balear. Una petición con la que pretendía luchar contra las 200 licencias solicitadas por Ares Capital en las Islas, y para la que se había hecho hasta un plan de negocio de puesta en marcha.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, este cambio de postura se debe a que hay “indicios fundados” para pensar que el Gobierno balear va a rechazar la solicitud de Ares Capital, con lo que se evitaría su puesta en marcha. Así lo ha explicado el propio Moragues a este periódico, quien ha señalado que “todavía está por confirmarse, pero todo apunta a que así será”.

En caso de que la Administración rechazara, como parece que hará, la solicitud de Ares Capital, se daría la circunstancia de que en Baleares no entraría en funcionamiento ninguna licencia de las que se solicitaron entre 2009 y 2013, con la Ley Omnibus de Zapatero en vigor. En caso de que saltara la sorpresa, y se concedieran, desde la Federación explican que acudirán a los tribunales para evitar que puedan entrar en vigor.

Al parecer, Ares no podrá obtener los permisos necesarios para operar esas 200 VTC por el mecanismo que han elegido para trabajar. Desde la Federación aseguran que la causa para la denegación estará en el tipo de seguros con el que Ares Capital quiere operar en la región.

“En su plan al Gobierno regional han explicado que van a alquilar los coches, un arrendamiento de vehículo sin conductor, en lugar de escoger un leasing o una compra. El seguro que llevan esos coches no sirve para operar una VTC”, explica el máximo responsable de la Federación del Taxi.

El lío de los seguros 

¿Y por qué escogió Ares ese método para operar? “Es algo inédito en nuestro país. Lo han hecho ante el temor a que nosotros fuéramos en serio con las 700 licencias que habíamos pedido. De ese modo, evitaban tener que hacer grandes inversiones en la compra de coches”, sentencia el representante de los taxistas.

Esa oposición administrativa se lograría tras el recurso interpuesto por la Federación Independiente del Taxi de Baleares. En él, también se argumentaba que Ares Capital -que fue vendida por los hermanos Ortigüela antes del verano al fondo King Street Capital- había hecho una venta encubierta de licencias VTC.

Según explica Moragues, “es un concepto que Hacienda aplica con los pisos que un particular traspasa a una sociedad; se interpreta que hay venta. En este caso, el único patrimonio que tiene Ares Capital son las licencias, por lo que en el fondo lo que se vendieron fueron las VTC. Una operación que se hizo justo después del decreto de Rajoy”, en el que se prohíbe la venta de licencias durante dos años para evitar la especulación.

Devolver el dinero 

Moragues reconoce también que en su decisión ha influido el cambio de rumbo del Gobierno tras las últimas manifestaciones del Taxi. Es decir, el hecho de que se esté buscando la fórmula que permita limitar la presencia de Uber y Cabify en las ciudades vía licencia urbana. Una cuestión de la que el presidente de los taxistas de Baleares dice ser uno de “los padres”, dado que buena parte de los estudios iniciales salieron de su organización.

Ahora, la Federación Independiente del Taxi de Baleares tendrá que desandar los pasos dados hasta ahora. Se había pedido a los integrantes de la organización que pusieran 100 euros como adelanto de los primeros trámites, aunque se llegó a hablar -como contó EL ESPAÑOL- de que los taxistas interesados en participar en la nueva sociedad deberían poner hasta 10.000 euros si el proyecto salía adelante.

Según explican desde la Federación, de los 100 euros que pusieron se perderán 29 euros por el plan de viabilidad desarrollado y distintos temas jurídicos. Otros 39 euros se devolverán en octubre, y el resto una vez que se recupere el dinero de las tasas que se abonaron a la administración para hacer la solicitud de permisos. Hablamos de algo más de 28.600 euros, que serán repartidos entre quienes hicieron el desembolso inicial, por lo que les corresponde unos 32 euros a cada uno.