La factura del conflicto de Ryanair con sus pilotos y tripulantes sigue creciendo. A los casi 400 millones que se ha dejado la aerolínea en Bolsa en la última semana se suman entre 10 y 20 millones en indemnizaciones a los pasajeros por las cancelaciones que estiman desde las plataformas de gestión de reclamaciones. Pero a esta guerra aún le quedan batallas por librar: la negociación en España se encalla y los sindicatos no descartan nuevas movilizaciones.

Los tripulantes españoles de la low cost irlandesa se sumaron a la huelga paneuropea del viernes junto a sus compañeros de Portugal, Bélgica, Holanda, Italia y Alemania. En total, estiman los sindicatos, más de 5.000 tripulantes y 1.000 pilotos estaban llamados a la jornada de paro, la huelga más numerosa en los casi 34 años de historia de la aerolínea. 

Un día antes de la huelga, la Dirección de Trabajo volvió a citar a ambas partes en Madrid para buscar el deseado acercamiento que ponga fin al conflicto que arrastran desde hace meses. Fueron diez horas de negociaciones y, cuando parecía que la cosa marchaba, la aerolínea “rompió la negociación” y mostró “su absoluto desprecio hacia las autoridades españolas”, acusan desde USO y Sitcpla, los sindicatos que están negociando para hacer valer los derechos de los tripulantes españoles.

La jornada de negociación cristalizó en una propuesta de Trabajo que implicaba que la aerolínea aplicara la legislación española a los contratos de trabajo y al convenio colectivo que pretenden también pactar los sindicatos. Este proceso de conversión a la legislación española marcaba como plazo el 1 de junio de 2020 y el objetivo es que el 100% de la plantilla que trabaja en España tenga un contrato bajo la legislación española, no bajo la irlandesa como hasta ahora, recoge el documento de Trabajo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Actualmente, la aerolínea cuenta con alrededor de 1.800 tripulantes trabajando en sus bases españolas.

La propuesta de Trabajo, consensuada con ambas partes, suponía el reconocimiento de USO y Sitcpla como representantes de los tripulantes en España y, por tanto, como interlocutores oficiales. La petición de reconocimiento está en línea con los pasos que ha dado Ryanair en otros países. Con este reconocimiento, los sindicatos se ‘empoderan’ para exigir las mismas condiciones para los trabajadores que están contratados directamente por Ryanair y los que trabajan a través de alguna de sus agencias de trabajo (Crewlink y WorkForce).

Con este tema sobre la mesa y los ánimos encendidos por el logro que habría supuesto, la aerolínea respondió con un documento de seis puntos -al que ha tenido acceso este periódico- con unas pretensiones que desde USO y Sitcpla han tachado de “repulsivas”. La aerolínea se desmarcó del documento redactado por Trabajo y propuso desde “acordar de forma anticipada quién asistirá a las reuniones” hasta negociar, de forma separada, con cada uno de los sindicatos un convenio colectivo, lo que de facto supone tratar a los trabajadores como si pertenecieran a empresas distintas, denuncian desde los sindicatos.

Además, la aerolínea no compromete la aplicación de la legislación española a los contratos de sus tripulantes hasta que no se firmen los convenios colectivos e incluía, en uno de los puntos de su propuesta, que los sindicatos dejaran firmado el reconocimiento del “sistema de alta productividad” con el que trabaja la aerolínea, “una empresa de tarifas de bajo coste, un modelo de negocio altamente eficiente y que mantiene un sistema de turnos”, algo que debe reconocerse en convenio colectivo. Este documento, apunta Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, devuelve las negociaciones a julio, con convenios separados y acordando los negociadores antes de cada reunión.

Los sindicatos han sido citados a una reunión en la Comisión Europea esta semana, algo que es visto como "una buena ratificación de que este es el camino correcto", apunta Antonio Escobar, de Sitcpla. El propio CEO de Ryanair, Michael O'Leary se reunió en Bruselas esta semana con la comisaria de Empleo, Marianne Thyssen, quien le recordó que la legislación laboral no es algo "que los trabajadores debieran tener que negociar".

Huelgas instigadas por la competencia

En la última semana, Ryanair ha lanzado varios comunicados asegurando su disposición a adaptar a la legislación local los contratos de sus trabajadores. Pone como ejemplo el éxito de la negociación con los sindicatos que representan tanto a sus pilotos como a la tripulación en Irlanda, Reino Unido, Italia o Alemania. “En las dos últimas semanas hemos escrito a los sindicatos de pilotos en Bélgica, Holanda, España, Portugal y Alemania invitándoles a negociar acuerdos similares a los que se han firmado con FORSA en Irlanda”, afirma la compañía. El último acuerdo lo selló hace unos días en Italia, con los tres sindicatos mayoritarios, plegándose a la demanda del paraguas normativo local. 

Los conflictos laborales son más que un dolor de cabeza para la aerolínea. En su último comunicado, la irlandesa reconoce que "están dañando su negocio y la confianza de sus clientes" y que la situación podría llevarles a revisar la operación de cara a este invierno y al próximo verano. Es decir, meter tijera en aviones y, por tanto, en personal. Dentro de los mercados donde más resistencia está encontrando en las negociaciones está España, pero también Portugal y Holanda. Y la aerolínea no ha tenido el menor reparo en señalar a la competencia como causantes de estos conflictos, asegurando que las huelgas están instigadas por personal de compañías como Norwegian, TAP o KLM.

“En España, un tripulante de cabina de Norwegian en Alicante dirige la huelga; en Portugal, un tripulante de TAP está convocando la huelga sin el apoyo de nuestra tripulación portuguesa y en Italia, donde hemos firmado un convenio colectivo con los tres sindicatos mayoritarios, esta huelga ha sido convocada por un pequeño sindicato que no tiene reconocimiento o apoyo entre nuestra tripulación”, afirma la compañía que dirige O’Leary.

La factura del conflicto

El reglamento europeo de derechos de los pasajeros aéreos establece indemnizaciones, en función de la distancia del vuelo, de 250, 400 y 600 euros para los casos de denegación de embarque, cancelación o retraso de más de tres horas. Las aerolíneas sólo quedan eximidas si se dan circunstancias excepcionales como las climatológicas. Sólo por las dos jornadas de huelga de tripulantes de julio, las plataformas de reclamación estimaron que la aerolínea enfrentaría indemnizaciones que superan los 40 millones de euros. 

Desde finales de julio se han sucedido huelgas de pilotos en Alemania, Bélgica o Suecia, generando más cancelaciones y, por tanto, más indemnizaciones. La aerolínea se mantiene enrocada en que estas huelgas "innecesarias" son circunstancias que, por excepcionales, le eximen de pagar indemnizaciones a sus pasajeros. Desde las plataformas de reclamación recuerdan que la huelga no es una circunstancia excepcional, como ha reconocido la Justicia europea este año, y que deberá pagar a sus clientes. Esta última jornada de huelga sumará, al menos, otros 8,4 millones a la factura, apunta AirHelp. Pero la cifra podría llegar a los 20 millones, según la estimación de Skycop, dado que la huelga ha afectado a más de 50.000 pasajeros, unos 16.000 en España.

Con el objetivo de facilitar la tramitación de las reclamaciones de los viajeros españoles, a principios de agosto nació la plataforma En-Colectivo. Hasta la fecha han registrado 400 reclamaciones, indican a este periódico, relacionadas sobre todo con la huelga de julio. 

A la factura de las indemnizaciones se suma la presión en Bolsa. Los títulos de la aerolínea han pasado de 17,68 euros en diciembre del año pasado, a los 13,10 euros de este viernes. El descenso, de casi un 26%, ha borrado unos 5.000 millones de su capitalización. El entorno de altos precios del petróleo y las alzas salariales comprometidas a principios de año, complican el ejercicio de Ryanair, como el propio O'Leary ha señalado, razón por la que la aerolínea ya busca la forma de exprimir aún más sus ingresos complementarios. La última medida, cobrar por el equipaje de mano a quienes no compren el embarque prioritario.