Es absolutamente imposible que el Gobierno recaude 1.200 millones de euros con el Impuesto sobre Servicios Digitales anunciado hace una semana en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Este lunes conocimos que los nuevos tributos ingresarán 5.678 millones de euros, una cifra a la que la creación de esta tasa digital deberá aportar nada menos que el 21%, algo inalcanzable desde todos los puntos de vista, según han indicado a EL ESPAÑOL empresas, asociaciones y analistas del sector.

Estamos ante una de las medidas estrella del nuevo marco tributario, que quiere gravar con un 3% “los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario”, es decir los servicios digitales que generan transacciones entre particulares y empresas. No se gravarán ni beneficios ni ingresos.

Estamos hablando de empresas -y operaciones- de la economía digital que actualmente no tributan, “en línea con las recomendaciones de la Unión Europea”. Moncloa no ha dado nombres, pero extraoficialmente reconocen que las características exigidas coinciden con compañías de la nueva economía como Amazon, Google, Facebook, Twitter, Airbnb, Cabify, Glovo, Deliveroo, BlaBlaCar o Uber. Empresas que en su conjunto apenas ingresaron 166,6 millones de euros-y apenas 2,8 millones de beneficios- en España durante el año 2016, el último homologado.

30.406 millones en comercio electrónico

Los cálculos optimistas de Moncloa parten de la base de un mercado de servicios digitales de 40.000 millones de euros anuales -del que 1.200 millones corresponden al 3%- y además con la limitación de que el impuesto se aplicará solo a empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones y con ingresos en España superiores a los 3 millones.

Un mercado que no existe ni en el más optimista de los casos. Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) indican que el volumen de negocio del comercio electrónico -donde se incluyen las transacciones de todas las empresas a las que apunta este gravamen- fue de 32.622 millones de euros entre abril del año pasado y marzo de 2018. En 2017 la cifra fue de 30.406 millones.

Esto quiere decir que, ni siquiera aplicando un impuesto del 3% a todas las transacciones digitales que se producen durante un año en España, llegaríamos a los 1.200 millones que estima recaudar Moncloa. Una cifra a la que se llegaría ligeramente -pero que no sería suficiente- si le sumamos la facturación de toda la industria de los contenidos digitales en España y la publicidad digital que se genera en nuestro país.

Rajoy cifró en 600 millones la tasa digital

Según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), en 2016  la industria de contenidos digitales facturó 9.834 millones, mientras que la inversión total en publicidad digital sobrepasó los 1.708 millones, según IAB Spain (Interactive Advertising Bureau).

Estamos hablando de un impuesto que busca gravar a las grandes empresas con al menos 750 millones de euros de ingresos en el mundo y con una facturación en España superior a los tres millones, lo que reduce drásticamente la facturación total de la industria de contenidos digitales, de los ingresos del comercio digital y de la publicidad digital. Incluso en el caso de que se gravasen todas sus transacciones, algo que tampoco sería efectivo.

Hablamos, además, de una tasa que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy cifró en 600 millones de euros y que el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez valoró extraoficialmente en 800 millones horas antes de conocerse el cuadro macro económicom, el pasado lunes. Es por ello que todas las fuentes consultadas, desde empresas del sector, pasando por patronales y hasta expertos no se explican de dónde pueden salir estos 1.200 millones de euros prometidos en los Presupuestos Generales de 2019.

De hecho, las aproximaciones más optimistas de la Unión Europea cifran la recaudación para todo el continente en 4.800 millones de euros al año si aplicasen este impuesto. Es decir, que el Gobierno de Sánchez quiere recaudar al 25% de todo lo que la Comisión Europea espera ingresar en la UE por esta tasa.

¿Pagarán las empresas tecnológicas?

Entonces, ¿quién pagará el impuesto? Los expertos consultados por este diario indican que de la manera en la que está configurado el impuesto -y a falta de conocer su desarrollo- lo más probable es que su coste sea trasladado a los usuarios, mediante un alza del servicio contratado o aumentando los costes de intermediación.

Las empresas consultadas indican que, según les ha explicado Hacienda, el cobro del impuesto se hará mediante un formulario -previsiblemente trimestral- en el cual cada empresa deberá declarar el volumen de las transacciones que durante este periodo se han producido en su plataforma, siempre con usuarios dentro de las fronteras españolas. Un sistema que además elevaría el coste de inspección para Hacienda.

De esta manera, estamos ante un impuesto a operaciones en el que necesariamente aumentará de forma indirecta el coste de servicios tan básicos como compras por internet, reserva de viajes, pago de Uber, comida en Deliveroo, suscripción de Netflix o pisos de Airbnb. Y es solo el comienzo para un impuesto que siempre se ha defendido como progresista y como necesario para igualar la fiscalidad con los actores tradicionales del sector.

¿Y las 'telecos' y los fabricantes?

Frente a la imposibilidad de recaudar los 1.200 millones anunciados, muchos actores se preguntan si será necesario incluir nuevas empresas en este impuesto como las operadoras de telecomunicaciones o los fabricantes. Una situación que es descartada desde el sector tecnológico. De hecho, desde una empresa afectada por este impuesto se indica que la tasa “ha sido hecha para favorecer a las telecos y perjudicar a la nueva economía”.

Otras fuentes patronales indican a este diario que, efectivamente, uno de los objetivos de este impuesto era igualar las condiciones fiscales de las telecos con las tecnológicas, de manera que hubiera un marco más equitativo entre los nuevos y los históricos actores del mercado. No obstante, en las operadoras no cantan victoria y algunas reconocen en privado que ante la incertidumbre, temen que finalmente este impuesto les termine afectando indirectamente para cuadrar las cuentas.

Impuestos unificados en Europa

En cualquier caso, tanto dentro del sector de las nuevas tecnológicas como en el de las telecos, se indica que un impuesto de este tipo solo en España, será perjudical para las empresas que operen en nuestro país y apuestan por una regulación única dentro de Europa. “Debe reincidirse en el carácter discriminatorio de un impuesto como el planteado, con el inevitable impacto negativo que tendrá sobre la inversión, el crecimiento y la competitividad”, indican desde Adigital, patronal tecnológica que representa a más de 550 empresas del sector.

“Con un impuesto de estas características, empresarios y usuarios españoles quedan en una situación de desventaja competitiva frente al resto de Europa y del mundo, puesto que se verán obligados a afrontar un gasto adicional en los mercados internacionales”, indican.